Pensionistas al Límite de seguridad

El sistema de pensiones en Perú está quebrado. No es una afirmación exagerada ni alarmista; es la cruda realidad que millones de peruanos enfrentan hoy. Tras décadas de intentos fallidos, la estructura actual ha demostrado ser insostenible, ineficiente y profundamente desigual. Con la reciente promulgación de la Ley N.º 32123, el Gobierno busca ofrecer una solución a este caos, pero ¿es realmente suficiente?
El principal problema del sistema previsional peruano radica en su fragmentación y falta de sostenibilidad. El Sistema Nacional de Pensiones está al borde del colapso financiero, dado que muchos afiliados no logran alcanzar los años de aportación. Por otro lado, el Sistema Privado de Pensiones, administrado por las AFP, ha sido objeto de constantes críticas. Las altas comisiones han sido muy criticadas. El retiro de hasta el 95.5% de los fondos de las AFP puede haber aliviado necesidades inmediatas, pero ha comprometido seriamente la capacidad del sistema.
Así llega la Ley N.º 32123, bautizada como la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Ella busca unificar y reformar el sistema de pensiones en su totalidad. Su enfoque multipilar incluye un pilar no contributivo para las personas en situación de vulnerabilidad, un pilar semicontributivo para quienes no alcanzan los requisitos mínimos de aporte y un pilar contributivo para quienes han cumplido con sus obligaciones previsionales.
Sobre el papel, la ley parece un avance: se prometen pensiones mínimas garantizadas, se introduce el concepto de cuentas nocionales y se busca una mayor competencia entre los gestores de pensiones. Sin embargo, el verdadero reto es la implementación. La ley prevé que los cambios se materialicen de manera progresiva, con hitos clave como las cuentas nocionales que no entrarán en funcionamiento completo hasta el año 2030. Esto deja en el aire a toda una generación que está por jubilarse, sin una solución inmediata a sus necesidades.
Además, el financiamiento de estos cambios sigue siendo una incógnita. El Estado se compromete a garantizar pensiones mínimas, pero no está claro de dónde saldrán los recursos para cubrir esta enorme carga. Sin una reforma fiscal o una reestructuración profunda de las finanzas públicas, es difícil imaginar cómo se sostendrán las promesas de la nueva ley.
El impacto de un sistema de pensiones quebrado va más allá de los números. No se trata solo de un déficit financiero, sino de un problema social profundo que afecta a millones de peruanos. Un sistema previsional que no garantiza una pensión suficiente empuja a los jubilados a seguir trabajando en su vejez o a depender económicamente de sus familias, lo que perpetúa la desigualdad y la pobreza.
La nueva ley intenta abordar estos problemas, pero si no se acompaña de una estrategia clara de financiamiento y una implementación efectiva, es probable que solo sea un parche temporal en un sistema que necesita una cirugía mayor. Los jubilados de hoy y los trabajadores de mañana necesitan más que promesas: requieren un sistema de pensiones que sea sostenible, justo y capaz de proporcionar una vida digna en la vejez.

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