Peligroso vacío de poder…

La actividad delincuencial dedicada a la extorsión, el asesinato, el secuestro y todas las demás variables del crimen organizado parece que está desbordando la capacidad de respuesta del gobierno. No digo del Estado, porque este, como estructura de poder, no puede ser desbordado por nadie, pero quienes detentan el poder estatal en todo nivel están mostrando signos de confusión, incoherencia, debilidad y falta de ideas para combatirla con eficacia.
El problema central en seguridad no es si el transporte es formal o informal, o si hay que declararlo en emergencia sin darse razones específicas de causa. El problema central es la extorsión y el asesinato de choferes asalariados de empresas de transporte que ya no saben a qué banda de facinerosos pagar el cupo, porque son extorsionadas por diferentes organizaciones criminales.
La amenaza proviene de organizaciones criminales debidamente estructuradas piramidalmente, con su respectivo líder, sus mandos superiores, mandos medios y sicarios ejecutores, cuyos métodos buscan generar el terror y zozobra en la población para, ejecutando delitos medios, lograr el sometimiento poblacional a sus exigencias pecuniarias y obediencia incondicional.
Si esto es así, no se entiende por qué el Congreso ni el Ejecutivo trabajan un marco normativo que involucre a todas estas bandas en el rubro de organizaciones terroristas, adecuándose el tipo actualmente vigente de la ley contra el terrorismo, incluyéndose reglas procesales relativizadas de manera inteligente, teniéndose en cuenta que estas estructuras criminales están atacando las bases de nuestro Estado, de la democracia, del equilibrio de poderes y todos los derechos fundamentales de la población.
Se sigue discutiendo si ponemos más policías en las calles, si debemos modernizar a toda la estructura policial y fiscal, así como propuestas de solución que nunca han funcionado y que se vienen repitiendo como una monserga sin fin, a sabiendas de que no hay dinero suficiente para una solución general.
La cuestión es algo más simple. Hay que reconocer si estamos o no en guerra. Si estamos en guerra y no tenemos dinero para implantar soluciones faraónicas, hay que aplicar las reglas de la guerra asimétrica, algo así como un combate con unidades de élite, muy entrenadas, móviles y dotadas de cuanto avance tecnológico exista, aplicándose la inteligencia operativa.
Todo esto tampoco podría funcionar si no se erradica en paralelo la generalizada corrupción institucional, de modo que, si utilizamos inteligencia, no solo debe enfocarse hacia el exterior de la entidad, sino esencialmente a su estructura interna, porque el crimen tiene mucho poder para sobornar funcionarios de cualquier nivel, tanto más cuanto es público y notorio que el aparato estatal está infiltrado en todo nivel, y la PNP y MP en mucha mayor medida. En la guerra contra la corrupción, ninguna entidad debe estar excluida de controles y supervisiones constantes y efectivos, ni la Contraloría, que pretende ser una isla a la cual ningún control puede acceder.
Si los gobernantes titubean, dudan y dan respuestas inaceptables, el panorama es más que sombrío.

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