Pegados al Estado como alquitrán

Las sombras de las intenciones y las inconsistencias tras la denuncia contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se asemejan al oscuro color del caviar de esturión. En su afán por mantenerse en el poder, estos actores parecen dispuestos a todo, incluyendo presiones mediáticas, con aparente indignación y rabia gritan: “que se vayan todos”. Detrás de esta fachada surgen cuestiones que evidencian una trama de influencias, conflictos de interés y tácticas discutibles. Dejemos de ver solo la punta del iceberg porque en el fondo tenemos:

1. Autenticidad de los chats: Los chats de WhatsApp son la principal evidencia contra Jaime Villanueva, pero su legalidad y autenticidad son dudosas. Un Fiscal Adjunto, bajo anonimato, señaló en Canal B que faltan pruebas objetivas y que no se siguieron los protocolos forenses adecuados: “sin los que no habría caso, porque en la resolución judicial no se cita alguna declaración de un testigo (protegido o no), de un colaborador eficaz; no se alude a una autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones como tampoco se menciona la existencia de videovigilancias”.

2. Incongruencias y motivaciones políticas: Las acusaciones de organización criminal se basan en dichos chats. Es importante verificar si Benavides utilizó a sus asesores para beneficios políticos personales. En este contexto, la función de coordinación legislativa que realizaba Jaime Villanueva no es irregular, ni delictiva, todas las entidades públicas lo hacen para explicar sus asuntos públicos a los congresistas.

3. El rol de Harvey Colchado: Colchado, habría sido un actor clave en esta crisis. Se señala que su ascenso a General también está en cuestión.

4. División política y mensajes del Ejecutivo: El Premier Otárola envió un mensaje a Jaime Villanueva, llamándolo “El Filósofo” en un programa dominical, mientras la Fiscal de la Nación escaló el conflicto con acusaciones constitucionales a la Presidenta, al Premier y ex Ministros por la muertes en los disturbios de diciembre y principio de año. Es decir, un ataque entre reinos al estilo de “Juego de Tronos”.

5. Salida de Barreto y Caso Los Niños: Las versiones sobre intercambios de votos por el archivo del caso parecen día tras día un simple rumor. La fiscal Barreto firmó el informe que sugería el archivamiento, como líder del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción. Curioso, que recién Elvis Vergara recuerde intercambios de votos cuando él nunca voto por inhabilitar a Zoraida Ávalos, y sólo Ilich López fue el único de los 6 Niños de AP que votó por inhabilitar a la fiscal.

6. Vinculaciones de Vela con allanamientos: Jorge Chávez Tamariz, cuya esposa trabajaba con Rafael Vela, ordenó el allanamiento del despacho de Benavides, lo que constituiría un conflicto de intereses.

7. Influencia de Pablo Sánchez: De acuerdo al exfiscal Chávarry, Sánchez designó a Villanueva como Secretario General en la Fiscalía en 2015. El congresista Alejandro Cavero advirtió de las intenciones caviares a favor de un posible retorno de Sánchez.

8. El “Agente Especial” y los Congresistas: Reportajes de IDL sugieren que un congresista colaboró con el Equipo Especial anticorrupción bajo el seudónimo de “agente especial Roberto”. Periodistas, como Claudia Toro, dicen que congresistas como Ruth Luque podrían estar implicados.

Esta situación no solo amenaza a la Fiscalía de la Nación, sino que también plantea un riesgo significativo para la democracia, la estabilidad y la justicia en Perú. Es un asunto que debe ser abordado con suma prudencia porque desalienta la inversión. Las decisiones tomadas deben justificarse plenamente con una investigación exhaustiva y transparente. Además, debe orientarse hacia la rendición de cuentas y la preservación de la integridad institucional del país.

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