PCM vulnera la autonomía universitaria

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), acaba de realizar un acto flagrante que vulnera la Autonomía Universitaria, al pretender convertir a ese Portafolio de Estado, en un ente supra universitario, por encima de las entidades de educación superior, incluso pretendiendo subordinar a su mandato y jurisdicción a la propia SUNEDU.

La prueba de lo afirmado líneas arriba, está en la conminatoria emitida por dicho órgano del Poder Ejecutivo a la SUNEDU, ordenando que, en el plazo de cinco días hábiles derogue la resolución que prohíbe las clases bajo la modalidad 100% virtual en las universidades a partir del período académico 2024, con el falaz argumento de que, la prohibición emitida a través de la Resolución No. 00006-2024, “genera variación de los costos de cumplimiento y limita los derechos de las personas”.

La PCM argumenta que la SUNEDU no presentó ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio de la Resolución del Consejo Directivo No. 033-2023, ni de la No. 00006-2024, que dicha presentación es obligatoria, prevista por el Decreto Legislativo No. 1565.

Se argumenta sin fundamento que la PCM es el ente rector y debe velar porque este tipo de normas, se hagan cuidando el impacto que tendrían esas resoluciones en los jóvenes.

La PCM, no se enteró que, en julio de 2022, se promulgó la Ley 31520, la misma que restituye la Autonomía Universitaria que había sido extinguida de manera fáctica por la Ley 30220 y que, mediante su Art. 2º. deroga varios artículos, entre ellos el Art. 1º. de la referida norma, excluyendo al Ministerio de Educación (o sea al Poder Ejecutivo) de la impertinente función que se le asignaba como “ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria”. Ello quiere decir que, ni el Ministerio de Educación, ni la PCM y ninguna entidad integrante de la estructura gubernamental, tienen potestad normativa sobre el quehacer de las universidades, por tanto esa nueva figura ficticia que pretenden hacer prevalecer para justificar la intromisión del gobierno de las actividades académicas de las universidades, simplemente es un intento de recuperar el control fáctico y de influencia política que ejercían determinadas tendencias y grupos de poder sobre anteriores gestiones de la SUNEDU. No obstante, las universidades informan y rinden cuentas a todas las instancias del Estado correspondiente a Ley.

La Resolución dictada por el Consejo Directivo de dicha Superintendencia, Nº 00006-2024, prohibiendo ofertar programas de pregrado con componente 100% virtual, es acertada y necesaria, porque justamente está velando por la calidad de la educación universitaria. Obviamente quienes se oponen a dicha medida con un criterio netamente mercantilista, son las Empresas Comerciales de Educación Superior, mimetizadas como universidades, las que pretenden utilizar el poder de influencia de la PCM, para que, a través de ella logren que la SUNEDU se retracte y deje sin efecto la acertada decisión de prohibir que en el nivel de pregrado opere el sistema de enseñanza virtual en un 100 %. No se quiere entender que es justamente el derecho de los jóvenes el que se debe resguardar y se atenta contra ellos, cuando se pretende distorsionar la educación universitaria con la virtualidad absoluta.
Si la SUNEDU incurre en el error de dejar sin efecto la resolución Nº 00006-2024, habremos retrocedido diez años, echando por la borda la lucha sacrificada de toda una comunidad universitaria que logró recuperar su autonomía. Los intereses mercantilistas no pueden estar por encima del derecho a una educación de calidad.
Es importante que la PCM circunscriba sus actos a los que la norma prevé sin involucrarse en el quehacer universitario, de lo contrario ese Portafolio de Estado se convertirá en el nuevo ente rector de las actividades académicas, vulnerando la constitución peruana, en su afán de resguardar intereses económicos de las empresas comerciales de educación superior.

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