Patricia Benavides, fiscal de la Nación peruana

Constitución, título IV, Estructura del Estado, Capítulo X, Ministerio Público, su jefe pomposamente denominado "Fiscal de la Nación", atribución fundamental es "Promover de oficio o a petición de parte la acción judicial…".

El Estado se define como el aparato burocrático para el gobierno que se sucede por lapsos determinados. Nación es mucho más que Estado. Es grupo humano grande que tiene en común su Territorio, Idioma, Economía e Historia de milenios o siglos. Una creación histórica que da a la Nación una idiosincracia y un destino.

Por esta diferencia entre Estado y Nación, es un equívoco denominar Fiscal de la Nación a una mera fiscal judicial penal. Significa que el Perú está llegando a deterioro extremo en la intelectualidad y la moral, en que personajes disminuidos mentales con agudo complejo napoleónico resultan ganando elecciones y concursos. Ejemplo: la alta burocracia nacional como la designación en concurso de la procaz fiscal de la Nación.

Dentro de su ignorancia temeraria, esta fiscal convirtió al presidente Castillo realmente en estropajo y ya empezó a hacerlo con la presidenta Boluarte; pues le imputa genocidio por los muertos en la violencia de diciembre a enero últimos, lapso en el que aún no era reconocida por las FF.AA.

Siguen acumulándose imputaciones contra Dina y también ya ha intervenido a las Fuerzas Armadas al improvisar "expertos" sobre genocidio y Derechos Humanos y también ya ha empezado a intervenir en el Congreso, abriéndole investigación preliminar a congresistas no obstante que la Constitución, expresamente, prohíbe cualquier procedimiento sin el previo antejuicio.

La presidenta Dina podría acusar a Patricia Benavides ante la Comisión Permanente del Congreso, pero el Congreso está en rebelión, la mayoría congresal, 68 de 130, eligió al congresista-general Williams como espurio presidente.

Estando en rebelión, sus actos son nulos como lo prescribe la Constitución en su artículo 46: " …Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas".

Ante un Congreso jurídicamente inexistente, no le queda otra cosa a la presidenta Boluarte, haciendo uso pleno de sus condiciones de Jefe de Estado, Jefe Supremo de las FF.AA. y Policía y Personificación de la Nación, ordenar la detención de la fiscal y que el JNE imponga la justicia en materia electoral anulando las credenciales a 130 congresistas en rebeldía consumada, unos por acción y otros por omisión.

En plazo de 10 días estaría funcionando el renovado Congreso. Realizado esto, la presidenta debe concentrarse en acciones y no palabras ni giras.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.