Pataz, territorio sin ley

Los recientes asesinatos de trece trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, no son un episodio aislado. Son la confirmación brutal de una realidad que muchos prefieren ignorar: Pataz es hoy un territorio liberado, secuestrado por organizaciones criminales que actúan impunemente, ante la inacción o incapacidad del Estado.
La narrativa oficial insiste en llamarlos “mineros ilegales”. Pero lo que ocurre en Pataz ya no es minería informal, ni siquiera ilegal: es crimen organizado puro y duro, armado, violento, con estructuras jerárquicas y redes de corrupción que protegen sus operaciones. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: no son mineros, son delincuentes, sicarios, mafias criminales que usan la fachada minera para encubrir su negocio principal: la muerte, la extorsión y el dominio territorial.
¿Cómo hemos llegado a este punto? Las cifras lo dicen todo: 39 muertos en los últimos años entre trabajadores, mineros artesanales y colaboradores de empresas formales. Un estado de emergencia que no ha servido para nada, una policía desbordada y superada, y una autoridad civil incapaz de recuperar el control. La impunidad campea. La violencia se normaliza. El miedo es ley.
Lo ocurrido no solo evidencia la debilidad del aparato estatal en la zona. Revela una alarmante connivencia entre autoridades locales, mineros ilegales y grupos armados. Mientras tanto, la Dirección de Formalización Minera sigue siendo cómplice por omisión, incapaz de excluir a los ilegales de las concesiones formales, y el Congreso, con sus ampliaciones interminables del REINFO, solo ha servido de manto protector para que la minería ilegal crezca y mutile al país.
Frente a este panorama, ya no basta con comunicados, ni con promesas de investigación. La situación de Pataz exige medidas excepcionales y urgentes. Es necesario declarar la zona de sitio y ordenar una intervención directa de las Fuerzas Armadas, con control pleno del territorio y mandato claro de desarticular, neutralizar y erradicar las bandas criminales.
No estamos frente a ciudadanos marginales que buscan subsistir en la informalidad. Estamos ante estructuras mafiosas armadas, capaces de secuestrar, torturar y asesinar. Tratar a estos criminales con las herramientas ordinarias de la ley es una ingenuidad peligrosa. Necesitamos una respuesta de fuerza proporcional a la amenaza que representan.
Si el Estado no recupera Pataz hoy, mañana será otro territorio. La minería ilegal ya es la principal economía ilícita del país, por encima del narcotráfico. Y donde hay minería ilegal, hay armas, hay corrupción, hay destrucción ambiental, y hay muerte.
Este es el momento de actuar con decisión y sin eufemismos. Pataz no necesita más discursos ni reuniones. Necesita que el Estado vuelva, con uniforme militar, con helicópteros, con tanquetas si es necesario, y con una sola misión: recuperar la soberanía nacional sobre ese suelo tomado por el crimen.
Porque si no lo hacemos ahora, pronto dejaremos de hablar de “zonas liberadas” y tendremos que aceptar que hay regiones enteras donde la ley y la democracia han sido sustituidas por las balas y el terror.
Pataz no está sola. Pero necesita que el país entero despierte y entienda que la lucha contra la minería ilegal no es solo ambiental o económica: es una lucha por la vida, la seguridad y la integridad de la nación.

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