Pataz: cuando el Estado cede ante el crimen
El descubrimiento hace pocas semanas de los cuerpos de 13 mineros artesanales asesinados en Pataz - La Libertad, subraya la debilidad del Estado ante la creciente expansión territorial del crimen organizado, particularmente en regiones marcadas por actividades mineras ilícitas. Los hechos, ocurridos entre el 25 de abril y el 4 de mayo de 2025, son impactantes no solo por su violencia, sino también porque desnudan la existencia de redes estratégicamente sofisticadas con recursos operativos y logísticos para evadir la aplicación de la ley.
Desde una perspectiva del derecho penal, estos hechos presentan los elementos de algunos de los delitos más graves posibles. Se trata de un caso de desaparición forzada sospechosa con asesinato múltiple, posiblemente en conjunto con tortura y conspiración criminal. La naturaleza metódica de estos asesinatos, junto con el dominio espacial violento que los grupos armados ejercen sobre la región, puede también constituir un crimen sistemático, una adición reciente al Código Penal Peruano.
Excepto el tipo penal, lo más doloroso es el fracaso institucional. Las mismas autoridades locales se quejan desde hace tiempo sobre el aumento de los índices de violencia sin que se les dé una solución efectiva. No es un hecho aislado pues es el resultado de un abandono estatal durante años y en el cual la minería ilegal actúa como un pseudo Estado, brindando “protección” y trabajo a cambio de silencio y complicidad.
En ese contexto, nuestro sistema penal se ve en la obligación de responder con celeridad y firmeza ante esta disyuntiva compleja. Aquí la labor no puede limitarse a la apertura de una carpeta fiscal; esto requiere el involucramiento de fiscalías especializadas en crimen organizado y delitos ambientales, el uso de colaboradores eficaces y, la protección efectiva de testigos. Continuar en este estado de impunidad, crea una creciente preocupación y miedo entre la población de dicha región.
Sin duda alguna, para abordar este problema, los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno del país juegan un papel trascendental. Esto a través de la creación de leyes destinadas a reforzar la presencia estatal en lugares donde las economías ilegales imperan. Por supuesto, este problema no se resolverá con discursos demagógicos; por el contrario, lo que se requiere aquí es voluntad y gestión política y, sobre todo, ¡las muertes de Pataz no pueden ser vistas como meras estadísticas!
En síntesis, hoy más que nunca, necesitamos que las autoridades trabajen juntas hacia un objetivo común: la obtención de justicia. El tipo de justicia que no se reduce a promesas vacías, sino la búsqueda de un castigo ejemplar para aquellos que sean declarados culpables, para que se pueda restaurar la confianza de miles de peruanos que se encuentran atrapados en esta red de crimen y abandono.
Por Armando Núñez Peralta (*)
(*) Abogado penalista
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