Partidos mafiosos deben ser suspendidos

El país está escandalizado por las noticias procedentes del Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec, luego que centenares de ciudadanos denunciaron que, sin su consentimiento, fueron registrados como afiliados a un partido político. Especialmente en los que presentaron miles de firmas, aparentemente válidas, para que el JNE-ROP los inscriba como partido.
De acuerdo a ley, esos partidos cometieron varios delitos. Por tanto, es imperativo que el JNE anule las inscripciones de los treinta partidos que presentaron firmas falsificadas.
Pero esta práctica delictiva no es del presente. Desde la anterior presidencia de Salas Arenas hasta la actual de Roberto Burneo, se perpetra sin el menor escrúpulo. Lo más grave aún: aceptado oficialmente por el JNE-Reniec y el JNE-ROP. En otras palabras, por el pleno del sistema electoral, la entidad del Estado encargada de asegurar la transparencia de las votaciones, que estas sean libres y los escrutinios reflejen la auténtica voluntad ciudadana.
La Carta Magna faculta al sistema electoral a mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Es decir, supervisar tanto la inscripción como el desarrollo de los partidos. No hay justificación para que el sistema no adoptara, ni adopte como ahora, las medidas más radicales al comprobar la falsificación de firmas y fichas de inscripción. Esperó las denuncias de centenares de ciudadanos afectados. Fue entonces que el Reniec comunicó que miles de firmas y fichas fueron falsificadas.
Lo ocurrido en la institución electoral es inadmisible. Ante el silencio del JNE sobre las miles de firmas falsas, las agrupaciones que intentaban ser reconocidas como partido político falsificaron las firmas con la convicción de que el JNE toleraría este nefasto e ilegal procedimiento.
Recién el viernes 25 de abril, el Reniec reportó al JNE la existencia de 130 mil firmas irregulares. En los próximos días se prevé que este número aumente.
Partidos tradicionales como Acción Popular, Apra y PPC fueron obligados a reinscribirse, especialmente los dos últimos. Para ello apelaron a sus antiguas militancias y obtuvieron, de forma correcta, las firmas respectivas. Ello se deduce porque el Reniec no informó la existencia de firmas falsas en este caso. Acción Popular mantuvo su inscripción, pero el JNE-ROP, ilegal y autoritariamente, no registró a su dirigencia durante ocho años.
En cambio, el cuestionado JNE, sabiendo lo que ocurría con la mayoría de los restantes cuarenta partidos, con su silencio permitió que se entendiera que la falsificación no tendría consecuencias negativas.
El JNE pretendió lavarse las manos indicando en un comunicado que denunció ante la Fiscalía a un grupo de 40 firmas distorsionadas. Si permite que 30 de los 43 partidos participen en las elecciones del 2026, sabiendo que esos 30 partidos usaron firmas ilegales, el JNE formaría parte de la posición mafiosa de los actores de este escándalo.
Los partidos a quienes se demuestre que una o miles de firmas fueron adulteradas deben ser suspendidos. Ahora, la credibilidad del JNE está mellada. Su respetabilidad ha disminuido ante la opinión pública. En esas condiciones, sus autoridades están moralmente incapacitados para dirigir las elecciones del 2026. Por lo tanto, deben ser inmediatamente suspendidos.

Ex senador de la República

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