Para salir de la crisis (II)

La crisis de gobernabilidad registra una de sus etapas más agudas en las últimas dos décadas. La última fue gatillada por la caída de la administración Fujimori, luego del destape del “vladivideo” Kuori-Montesinos, que confirmaba el grado de metástasis que originó la corrupción capitaneada desde Palacio de Gobierno. Hoy, otro destape (Lava Jato) ha develado la compleja arquitectura de la corrupción retroalimentada por las angurrias de nuestra clase política, los depredadores enquistados en los distintos anaqueles del Estado y una costra mercantilista que aún está impregnada en el sector empresarial. ¿Consecuencias de ambos destapes? Agudización de la endémica ingobernabilidad en el Perú.

Tal como señalábamos la semana pasada, era necesario que los responsables de gestionar esta crisis (Ejecutivo y Congreso) sinceren sus discursos e intereses, y tomen decisiones enfocadas a intentar recuperar el tiempo perdido (¡tres años!), buscando consensos para fortalecer políticas públicas, avanzar en reformas que optimicen la gestión de recursos públicos, la inversión privada, el sistema de justicia y renueven la clase política.

Si quienes controlan el Congreso mantienen esa necia actitud de seguir saboteando el accionar de la justicia para blindar de impunidad a sus socios y operadores involucrados en los casos de corrupción, lo único que conseguirán es continuar destruyendo la confianza de la población en una institución clave de la democracia y de su sistema de representatividad popular. Si el Presidente de la República en su intento de liderar la lucha anticorrupción y obligar a que el Congreso –a punta de amenazas de disolución- deje de seguir siendo un obstáculo para el saneamiento del sistema de justicia y la clase política, descuida su elemental responsabilidad de liderar con eficacia la gestión de las demandas de la población, también abona a la crisis de legitimidad.

En ambos casos se requieren acciones concretas para salir de la crisis, las cuales pasan obligatoriamente porque el Congreso detenga la maquinaria pesada que sabotea y destruye el accionar de la justicia, y el Presidente de la República desactive la bomba disolvente del Legislativo. En simultáneo, el compromiso público de ambos para evitar cualquier injerencia en las investigaciones fiscales y las decisiones de jueces; y garantizar que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional constituyan la más elevada expresión representativa de una genuina defensa de la justicia.

¿Se necesitan garantes para estos históricos compromisos? La mayoría ciudadana será al final quien seguirá vigilante el accionar de ambos poderes, junto con las instituciones que dan vida y soportan al sistema democrático. Ha llegado la hora de demostrar si la clase política ha alcanzado la madurez democrática o sigue infantilmente embarrada en sus vetustos y pestilentes pañales.

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