Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley

Esta frase, atribuida tanto al mariscal Benavides como a Benito Juárez, grafica el trato discriminatorio que reciben las personas por parte de quienes ejercen abusivamente el poder y reparten prebendas entre sus allegados mientras que a quienes consideran sus enemigos, aunque solo sean opositores o personas que discrepan, les aplican una seudolegalidad que tergiversa el recto sentido y fin de la ley, para perjudicarlos y acosarlos.

No cabe duda de que la situación por la que atraviesa el país es una clara muestra de aplicación extrema de la frase en mención.

Comenzando con que el propio presidente de la República Vizcarra tiene decenas de investigaciones abiertas por supuestos delitos y varios de ellos de grave perjuicio a los intereses del Estado, sin que ellas avancen ni menos signifiquen medida restrictiva alguna para el investigado, mientras que la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, ya lleva dos meses de detención, junto a otros dirigentes de Fuerza Popular, sin que exista una sola prueba de su responsabilidad en algún delito, menos aún en el que tergiversando la norma y el sentido común se ha pretendido atribuirles.

Siguiendo con la entrega de una obra del Estado, la construcción del aeropuerto de Chinchero, a una empresa también investigada por presuntamente pertenecer a un grupo vinculado a la corrupta empresa Odebrecht. Y qué no decir del acuerdo, secreto hasta hoy, firmado por dos funcionarios de segundo y tercer nivel, si no de cuarto o quinto, que le permiten a esa empresa escoger sobre qué contratos quiere declarar, seguir operando en el país y pagar una ridícula reparación en 15 años, pese a los miles de millones de soles defraudados al Estado peruano y a haber corrompido a cuanto funcionario pudieron.

No será lo último pero alcanza su máxima expresión, cuando se analiza la gritería y el rasgado de vestiduras hasta con interrupción de viaje oficial presidencial, que ha causado la decisión tomada hace dos días, muy tardía a mi entender, por el fiscal de la Nación, Chávarry, de reasignar el caso Odebrecht a dos fiscales, de los cientos con que cuenta el Ministerio Público, y que desde julio de 2018 había  encargado a los dos fiscales del acuerdo secreto y que hasta el momento han actuado como reales animadores de coliseo romano, es decir, ejercido la justicia de la selva. Esa misma “justicia” es la que ayer aplaudió la designación de estos (los amigos) y censura hoy la de aquellos (que creen enemigos).

¡Así estamos!