Para evitar tentaciones

El Estado, que hoy conocemos caracterizado por el imperio de una norma suprema o constitución, por organizarse bajo el principio de separación de poderes y por la elección periódica de sus gobernantes, surgió para servir al ser humano y, dada la naturaleza gregaria o social de éste, para lograr el bien común.

Consecuentemente, jefe de Estado, parlamentarios y jueces que encarnan el poder de ese Estado no tienen razón de ser ni misión mayor que no sea servir al ser humano y al bien común.

De los tres poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial– tradicionalmente, en países como el nuestro, solo en el caso de los dos primeros sus integrantes son designados por voto popular. Por excepción, en el Perú se elige también a los jueces de paz.

Hace poco más de una década comenzó a perfilarse lo que en los últimos meses se ha mostrado ya en toda su magnitud, la perversión de la administración de justicia resultante de haberse infiltrado en ella personajes que desde cargos de jueces y fiscales, incluso de mínima jerarquía, aunque también los hay de máxima, han venido ya sea hostigando como también protegiendo o garantizando impunidad a quienes se han desempeñado en cargos del poder ejecutivo o pretendían desempeñarse en ellos.

La potestad de perseguir y sancionar en nombre del Estado las conductas antisociales o delitos viene siendo mal utilizada generando condenas injustas, basadas en suposiciones y sin cumplir lo que es la piedra de toque del sistema punitivo, la prueba objetiva de inconducta suficiente para neutralizar un valor fundamental como es la presunción de inocencia. Jueces y fiscales que además hacían impúdica demostración de ello presentándose como “fulano o zutano que metió preso o condenó a…”. El caso del expresidente Fujimori es testimonio de ello.

Hoy se trata de las detenciones preliminares o preventivas, que fiscales y jueces aplican abusivamente, sin que haya elemento objetivo alguno de inconducta y ni siquiera acusación fiscal que lo justifique. Y todo ello dirigido contra quienes tuvieron responsabilidades derivadas del voto popular o tuvieren relación con quienes las tuvieron. En el colmo del exceso, contra quien aspiró a lograrlo como es el caso de Keiko Fujimori.

Urge en esta situación poner los candados legislativos necesarios para que tanto exceso acabe de una vez y se prive de la libertad y castigue solo a quienes hubieren delinquido –eso sí a todos sin amiguismos o solidaridad ideológica– y haya elementos objetivos y no meras suposiciones que así lo prueben.