Otro riesgo de paralización en el Poder Judicial
Los trabajadores del Poder Judicial reclaman por su “situación laboral, mejora remunerativa de los CAS y el cumplimiento del tercer tramo de la escala remunerativa”. EXPRESO informó que en mayo habría una paralización de 24 horas porque “no se cumplen los acuerdos de mejoras laborales en la gestión” de la actual presidenta.
El artículo 42° de la Constitución reconoce a los trabajadores el derecho de sindicalización y huelga. No obstante a que la Constitución concede al Poder Judicial unidad, exclusividad e intendencia para su función jurisdiccional, cada cierto tiempo (años) confronta reclamaciones de sus trabajadores administrativos por semejantes motivos.
El crónico problema para los justiciables, sus abogados y la sociedad es la lentitud en la administración justicia agravada hace dos años por la pandemia de la covid-19. Los magistrados de todos los niveles y el personal administrativo han estado sujetos a la suspensión imperfecta de trabajo y se indicó que trabajaban a distancia (desde sus domicilios) percibiendo puntualmente sus remuneraciones. Últimamente lo hacen “presencialmente” concurriendo algunos días por horas a los despachos judiciales; también han implantado en “proceso virtual”.
Pero es igual la suma lentitud en el trámite de acciones judiciales. Ni siquiera los “órganos de control” intervienen” para corregirlo.
El problema “anunciado” por las organizaciones de sus trabajadores evidencia que no se resuelven sus problemas y tienen que recurrir a la huelga (en noviembre y diciembre de 2013 los magistrados también reclamaron por sus “remuneraciones” y usaron la “Sala Plena” para exigir que el Tribunal Constitucional “vía homologación les resuelva sus peticiones remunerativas”. Lo lograron).
El problema remunerativo en el Poder Judicial es significativo, pues mientras los magistrados (Supremos, Superiores, Especializados y de Paz Letrados) perciben excelentes y envidiables remuneraciones (el 21/02/2022 Expreso informó las sumas que perciben) el personal administrativo está sujeto a “escalas (públicas)” muy modestas.
Esto impele a los sindicalizados y los CAS a recurrir a negociaciones colectivas de trabajo y a solicitar incremento de sus pequeñas remuneraciones tratando de arribar a un convenio colectivo de trabajo. Y estos, una vez suscritos por las partes, deben cumplirse.
La excusa de la “vigencia del Presupuesto de la República” deben solucionarlo legalmente las autoridades del Poder Judicial con el ministerio correspondiente y el Congreso considerando que para la administración de justicia los justiciables pagan aranceles judiciales.
Una huelga en el Poder Judicial agravará terriblemente la severa lentitud de los magistrados para expedir los decretos, autos y sentencias cobijándose en la autonomía e independencia para administrar justicia. Los justiciables y la sociedad peruana sufren las consecuencias.
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