Oscuras presiones externas

En 2024, el Congreso de la República no alcanzó a votar el proyecto de ley impulsado por el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, que propuso ampliar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el propósito de que todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se inscriban en su registro e informen sobre el uso del dinero recibido. Hacerlo debe ser una obligación, porque las ONG beneficiadas están exentas del pago de impuesto a la renta y gozan de la devolución del IGV; es decir, cuentan con un régimen privilegiado a costa de los ingresos del fisco, del dinero de todos los peruanos.
La postergación se produjo en circunstancias en las que se daban fuertes e inaceptables presiones de gobiernos extranjeros contra dicha iniciativa, entre otros de Canadá, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, a pesar de que esos países cuentan con normas específicas de control sobre los fondos de las ONG.
A esa campaña injerencista se sumaron, estridentemente, los legisladores norteamericanos Ben Cardin y Tim Kaine, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, respectivamente, quienes sostuvieron que la norma propuesta “traicionaría las tradiciones diplomáticas de larga data del Perú y los valores que ha defendido mucho tiempo”.
Sin duda, son argumentos débiles e incomprensibles que, en lo sustantivo, demuestran el desconocimiento de los senadores estadounidenses sobre el tema, porque ni siquiera han revisado su legislación interna. De haberlo hecho, sabrían que desde 1938 existe en Estados Unidos una ley (Foreign Agents Registration Act, FARA), que incluso fue utilizada en la elección presidencial de 2016 para determinar la influencia extranjera en el proceso electoral que condujo a Donald Trump al despacho oval de la Casa Blanca.
En Australia, El Salvador, Hungría, Israel, Rusia y, próximamente, Paraguay, existen normas similares.
Recordemos que en 2023 recibimos 500 millones de dólares de fuente oficial o privada, según refiere el legislador ponente. Dada la importancia del tema, sugerimos que el Consejo Directivo de APCI no esté presidido por la PCM, sino por el Ministro de Relaciones Exteriores e integrado por representantes de otros sectores que, en conjunto, elijan al director ejecutivo, para así despolitizar las designaciones.
Este es un viejo tema que debemos incorporar a nuestra legislación.
Recuerdo que cuando presidí el Congreso de la República planteé ejercer un mayor control sobre el uso de los recursos que recibían las ONG. Señalé que “me parece inaceptable que con ese dinero se hagan movilizaciones en contra del Perú”, recordando que en abril de 2008 “Aprodeh envió una carta al Parlamento Europeo para que el MRTA no fuera incluido en la lista de grupos terroristas” (Agencia Andina).
Por ello, ha sido oportuno que ahora 60 personalidades publiquen una declaración pública expresando su apoyo a la iniciativa del legislador Aguinaga, argumentando que “el Parlamento no puede abdicar de sus funciones constitucionales de legislar ni aceptar injerencias del exterior”.
Los firmantes del documento recuerdan, asimismo, que esas presiones “violan principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 1965, 1979 y 1981, así como la Carta de la OEA, que establece que ningún Estado tiene el derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”.
La transparencia es fundamental en una democracia y a ese objetivo apunta la norma propuesta. Sin embargo, unos por legítimos temores y otros con el deliberado propósito de mantener oculto, en la sombra, el uso de recursos externos, el debate de la ley se postergó, pero esperamos que se vote en la Comisión Permanente o en la próxima legislatura ordinaria.

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