Organización delictiva internacional digita congresistas peruanos

El proyecto de ley 9975/2024-CR, presentado por la congresista Susel Paredes, del grupo parlamentario Frente Democrático, quien postuló al Congreso por el partido Morado, que hizo su ingreso en el escenario político postulando como candidato presidencial a Julio Guzmán con un discurso de manifiesto compromiso con la agenda 2030 de la ONU y sus objetivos de transculturización de género y desarrollo ligado a los intereses del globalismo. Era evidente que su principal financista era la organización delictiva internacional que ha estado imponiendo esta agenda de destrucción de las naciones con fines de dominación, la cual ha articulado con oenegés, una organización delictiva nacional intermediaria de la digitación de algunos congresistas y funcionarios del Estado.
La legalización de los supuestos derechos LGTB, que no existen, y que admitirlos sería infringir las normas que reconocen los derechos humanos verdaderos en todos los tratados internacionales, ha sido parte de esta “colaboración” de Paredes en los últimos años para permitir la ejecución del plan de quiebra moral de nuestra nación. Como en el plan de destrucción de las naciones para disponer de sus recursos, sometiéndolas a un gobierno mundial, la reducción de la población es una prioridad. La “vacunación forzada” u “obligatoria” con sustancias letales en el tiempo, que acaban de imponer en el Reglamento Sanitario Internacional, necesita leyes que, a nivel nacional, la conviertan en mandatoria; por lo que Paredes aparece con el inconstitucional proyecto de ley para tipificar como delito, con pena de 8 años de cárcel, a quienes difundan por deber cívico y humano los peligros de esta falsa vacunación, que no puede ser obligatoria, y sus fines de exterminio.
Luego de publicados múltiples informes científicos y hasta los informes de las propias farmacéuticas, que reportan las graves enfermedades incurables y muertes por millones que han provocado y siguen provocando estas falsas vacunas contra el COVID-19 y demás enfermedades inventadas para justificar la continuación de la vacunación forzada, el proyecto de ley de Paredes no puede ser sino un acto intencional de colaboración con la organización criminal internacional, autora principal de este genocidio.
Paredes y los demás partícipes, congresistas y funcionarios públicos, están incursos en los delitos de complicidad con el delito de genocidio (art. 319, incs. 1, 2, 3 y 4); asociación ilícita para delinquir (art. 317); abuso de autoridad (art. 376); incumplimiento de deberes de función (art. 377); discriminación (art. 323); falsedad ideológica (art. 428); y falsedad genérica (art. 438) del Código Penal; además de una grave violación a los derechos humanos a la libertad, la salud y la vida; y una grave transgresión a los deberes constitucionales de los congresistas y demás funcionarios (arts. 102.2, 43, 44 y 45 de la Constitución).

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