Organización criminal
El “calzonudo” (mote impuesto por Zoraida Ávalos al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez) –en rigor, promotor intelectual de la mafia caviar que, desde tiempos del caso los “cuellos blancos”, permanece secuestrando al Ministerio Público– acaba de ser suspendido en sus funciones durante 120 días, por la omnipotente Junta Nacional de Justicia (JNJ). Le imputa haber incurrido en falta muy grave, tras haber recibido –entre septiembre del 2020 y junio del 2021– tres remuneraciones extras que no declaró, considerándolo la JNJ “falta muy grave”. Aparentemente se trató de una “dieta” proveniente de otra entidad estatal, a la que Sánchez asistía eventualmente en representación del Ministerio Público. Aún así, por cuatro votos contra uno el otrora todopoderoso ex mano de hierro del Ministerio Público acabó suspendido.
Hoy, amable lector, a ningún peruano le resulta extraño ver que ocurran irregularidades en la Fiscalía del país. ¡Estas, en todo caso, son cada hora más evidentes! El objetivo es secuestrar al Estado en su conjunto, chantajeando a quienes constitucionalmente lo conducen, tras ser electos por el pueblo. La coerción caviar empieza por amedrentar a la Presidenta de la República; pasando por ministros, legisladores y burócratas en general. En todos los casos, la organización criminal que comandan los caviares actúa como un fantasma represivo. Desde la Fiscalía, pasando por los juzgados, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, etc. Estos y muchos otros entes públicos –con enorme poder legal– hoy son víctimas del chantaje por la organización criminal de los caviares, apelando a una metodología extorsiva para, finalmente, expandir su control en todos los niveles de influencia pública.
¿Acaso, amable lector, una organización criminal –como aquella que han montado los caviares para secuestrar al poder político– está facultada constitucionalmente para conducir el Estado propiedad de los 33 millones de peruanos? Tanto democrática, constitucional como políticamente, ese derecho no existe. Después del golpe de Estado de Pedro Castillo –un marxista ágrafo y corrupto mandatario, actualmente procesado y encarcelado tras las rejas por golpista– a quien le correspondió gobernar fue a la segunda vicepresidenta, Dina Boluarte. ¡Recordemos que ella asumió la jefatura del Estado! No obstante, los caviares siguen socavando el sistema democrático y dinamitando el Estado de derecho, pretendiendo sustituirla, siendo ellos un grupúsculo perdedor en todas las elecciones donde han participado. ¡No debemos permitir que la organización criminal de los caviares quiebre de la Constitución! ¡Haciéndolo retrocedemos política, como democrática y socioeconómicamente! Es tiempo que los peruanos expresen su absoluto rechazo al “golpe blanco” que perseveran los caviares en ejecutar, como única alternativa para, desde la puerta falsa, hacerse del poder político. ¡Porque ellos jamás lo conseguirán apelando al voto popular!
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