OEA: por fin habló el Gobierno

Desde el 7 de diciembre del 2022 han transcurrido diez meses del golpe de Pedro Castillo o, más exactamente, 225 días.
Un largo tiempo en que el Gobierno mantuvo insólito silencio y no respondió a falsas versiones que circulaban en el país y el exterior, nutridas por furibundos ataques de dos mandatarios mitómanos y psicóticos, Gustavo Petro de Colombia y López Obrador de México.
Ambos personajes impulsaron la versión de que el profesor chotano fue derrocado por un golpe parlamentario por tratarse de un maestro de escuela primaria, serrano y pobre. Además – agregaban los maledicentes – los legisladores actuaron presionados por ricos limeños y por empresas extranjeras temerosas que aumenten los impuestos y cancelen sus concesiones.
Por esa narrativa malévola, la señora Boluarte no fue reconocida por México y Colombia y los gobiernos del bloque del socialismo del siglo XXI se sumaron a los cuestionamientos al tiempo que personajes siniestros como Evo Morales aprovecharon para propalar la patraña de que la vacancia obedeció a presiones de Estados Unidos.
Mentiras de poca monta, ridículas, tremebundas, fácilmente rebatibles, que ganaron terreno por el mutismo del régimen, como demuestra un estudio de CPI realizado a fines de abril del 2023 que registró que 49.4% consideraba que Castillo dio un golpe de Estado, 33.7% que el Congreso lo vacó y 13.2% que fue víctima del Parlamento.
Quien calla otorga, dice un viejo refrán, pero también alienta ataques de las barras bravas. El régimen lo hizo y en ese contexto el sector afín al chotano aprovechó el silencio para impulsar una agresiva campaña bajo el slogan de “Dina, asesina”, responsabilizando a la mandataria de la muerte de 50 personas en las asonadas de diciembre del 2022 y comienzos de este año.
Asimismo, en cada viaje interno o al exterior portátiles bien coordinadas la esperaron al ingreso y salida de los eventos con pancartas y estruendosos gritos, insultos y calumnias, difundidos ampliamente por medios de comunicación transformados en ingenuos portavoces del izquierdismo radical.
Han transcurrido 225 días y recién ayer, en una tardía reacción, el primer ministro, Alberto Otárola, habló ante el Consejo Permanente de la OEA.

La primera aclaración que hizo fue que Castillo dio un golpe y no al revés, además de subrayar que se trata de un político implicado en graves actos de corrupción.
Lo segundo, ratificar el compromiso de entregrar al Ministerio Público la información necesaria para determinar a los responsables de las personas fallecidas e investigar los actos de barbarie ocurridos en ese periodo, incluyendo el asalto de cuatro aeropuertos, bloqueo de carreteras, destrucción de locales policiales, de la fiscalía y del Poder Judicial, aspectos que, al parecer, no interesan o preocupan demasiado a los comisionados, a pesar de que fueron desencadenantes de muertes que todos lamentamos.
Un tercer propósito ha sido rechazar que la Comisión pretendiera reactivar los casos de Polay y Artemio, terroristas sentenciados siguiéndose el debido proceso, como reconoce la propia Corte de la OEA.
La Comisión no tiene licencia para hacer lo que le venga en gana y, por ello mismo, debemos replantear la reestructuración de los nombramientos, funciones y ámbito de competencia de ese organismo.
Recordemos, asimismo, que en la Corte existen 53 procesos en trámite con sentencia y ante la Comisión 244 peticiones de admisibilidad y 124 resoluciones pendientes de notificación. En otras palabras, falta un largo trecho que recorrer ante el sistema de justicia de la OEA.
La lección que deja estos estos incidentes es que, en el mundo globalizado, con una multiplataforma de comunicaciones extensa, la batalla diplomática no puede soslayar esos mecanismos como lamentablemente hizo el régimen. Un error que ahora se repara, pero el daño ha sido causado.

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