Odebrecht, Graña y Montero, etc., la pasan piola
Estratégicamente, el foco de atención nacional ha estado dirigido en exclusivo a los políticos comprometidos en despreciables hechos de corrupción. Hace tres años que sólo se investiga, procesa –aunque todavía no se condena, por culpa de una Fiscalía sesgada, parcializada, mediocre– a quienes fueron autoridad en los más altos cargos del Estado. Pero obviamente el leitmotiv que existe atrás de esta justa persecución no es ni el debido proceso ni la señal de que quienes delincan serán penados. Por ello –salvo el caso de algunos figurones que integran el oficialismo vigente, y también de quienes pertenecen a la zurda de todo pelaje que de una u otra manera han sido autoridad– ocurre que el escarnio de nuestra esfera política es lo único que aparece a diario en los medios, sector evidentemente cómplice de esta megacorrupción que ha diezmado no solo las arcas fiscales sino dinamitado la moral social.
Hasta acá la radiografía de lo que cotidianamente percibe el ciudadano –y asimismo la aldea global– de lo que ocurre en el Perú. No obstante, para que la clase política haya sido corrompida hace falta la presencia de una pandilla de corrompedores. Y esta no es otra que las empresas constructoras –actualmente bajo dudosa investigación– tanto locales como foráneas. Respecto a esto último, el ejemplo emblemático brasileño Lava Jato facilitó muchísimo la identificación de las compañías que han descompuesto a la clase política local, destacando las firmas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, etc. Recordemos, además, que gracias a la Justicia norteamericana el Perú recién se enteró –oficialmente, porque era un rumor generalizado– que Odebrecht, a lo largo de décadas, hizo tabla rasa de la moral de nuestras autoridades llenándoles los bolsillos con cientos de millones de dólares y esquilmando a nuestro Estado robándole miles de millones de dólares mediante sobrecostos concertados con los gobernantes.
Por ello resulta ser todo un escándalo que durante estos tres años de investigaciones el Ministerio Público se haya abocado a izar cortinas de humo reverberando solamente los casos de las autoridades corrompidas, dejando de lado a la contraparte encargada de untarlas de dinero negro. No solo silenciando los temas relacionados con la conducta cleptómana y corrupta de estas organizaciones impresentables, sino principalmente preocupándose de no “perturbar” su marcha financiera. Porque es evidente que los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez no han intervenido a Odebrecht, ni a alguna de las demás corporaciones brasileñas culpables de desintegrar la moral de nuestras autoridades. Como tampoco lo han hecho con las constructoras locales formalmente consorciadas con sus corrompedoras socias brasileñas. De haberlo hecho, al menos podríamos haber recuperado parte de los US$ 20,000 millones que nos ha costado la agresión perpetrada por esta camorra constructora binacional.
¿Por qué Rafael Vela Barba y Domingo Pérez no han intervenido a Odebrecht, OAS, Graña y Montero, y demás corporaciones responsables de haber corrompido a las autoridades peruanas ni puesto a administradores judiciales para asegurar la cobranza aunque sea de parte del mega robo? ¿Quién investiga a estos dos “investigadores”?
