Obligatoriedad y gratuidad de la educación

Nuestra carta fundamental establece que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias; en las instituciones del Estado, la educación es gratuita; en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo; asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona; preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país; promueve la integración nacional.

Como hemos venido analizando, la educación es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales y en las constituciones de los Estados; sin embargo, debemos reflexionar sobre las condiciones que hacen efectivo o posible este derecho. Revisando la historia, podemos observar que primero la educación fue un privilegio, desde los comienzos de la civilización estuvo destinada a las clases dominantes y acomodadas; luego la educación pasó a ser una obligación, cuando la consolidación de las repúblicas surgidas de las revoluciones burguesas europeas y de independencia americanas, era necesario formar al ciudadano para la nueva república y disciplinar al trabajador para la sociedad industrial, creándose los sistemas educativos (finales del siglo XIX), a fin de garantizar su efectividad se dispuso legalmente la obligatoriedad junto con la gratuidad que la hace posible; finalmente la educación se transforma en un derecho (mediados del siglo XX), al amparo de la nueva sensibilidad surgida de las catástrofes a las que las potencias de la época sometieron a todo el planeta (Guerras Mundiales) se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la cual (art. 26) está incluida la educación.

En nuestro país, la preocupación por la educación fue expresada desde la primera Constitución de 1823, la que postulaba que la instrucción era una necesidad de toda la población y una obligación por parte del Estado, el cual garantizaba ese derecho a través de las escuelas primarias, de la ciencia, de la literatura y de las artes; la Constitución de 1828 adicionó la prescripción de la gratuidad de la instrucción primaria a toda la población, así como la de las instituciones de ciencias, artes y literatura; en 1837 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos y, en 1840, la Dirección de Educación Primaria; el servicio de instrucción se conformaba por dos niveles: la primaria o elemental y la superior, siguiendo el modelo europeo adoptado por las nuevas naciones americanas; desde el gobierno de San Martín se había instaurado una escuela normal bajo la dirección de Diego Thompson, propulsor del modelo; en 1850 se emite el primer Reglamento de Instrucción Pública que organiza la enseñanza en dos tipos: pública y privada, y en tres niveles: primero (primaria), segundo (secundaria) y tercero (superior); a finales del siglo XIX, el Perú ya contaba con una red de escuelas públicas y privadas, aunque dispersas y con diferente organización; en 1901 se emite la primera Ley Orgánica de Instrucción, en la que el Estado se atribuye el control del sistema educativo en todos los niveles de la enseñanza pública, mientras que la iniciativa privada podría ofrecer educación bajo ciertas condiciones; en 1941 se expide la Ley Orgánica de Educación Pública, en la que se sustituye la palabra "instrucción" por la de "educación", reiterándose que la educación ofrecida por el Estado era gratuita, decretándose –además- que la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita, con una duración de seis años, estableciéndose diferentes escuelas conforme a la zona; a partir de la siguiente década se registró un avance importante en materia educativa evidenciado por la expansión de la matrícula en los diferentes niveles educativos; en 1972, el gobierno militar emprende una reforma educativa que redefinió el sistema educativo nacional, incorporando la educación inicial, esta reforma fue dejada sin efecto en 1980; lo acontecido a partir de la década de 1990 ya es historia conocida.

La obligatoriedad, y consecuente gratuidad, de la educación constituyen una forma anticipada de inclusión (término relativamente nuevo), caracterizado por la determinación coercitiva, en la cual los parámetros de las políticas posteriores de “inclusión” ya estaban presentes; educarse es uno de los modos de obtener la ciudadanía plena, responsable y comprometida, mediante el disciplinamiento productivo; el Estado está obligado a implementar servicios gratuitos para los padres de los sujetos tutelados en la edad establecida, a los cuales el Estado impone el cumplimiento, y para los niños y adolescentes, que deben participar de las actividades educativas. 

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