Nulidad de las elecciones
Estamos ante una violación constitucional continuada, que confronta el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, para determinar cuál es el que merece la tutela constitucional y jurisdiccional.
El derecho a elegir, toda vez que el poder emana del pueblo, prevalece sobre el derecho a ser elegido.
La acción de amparo no cuestiona las decisiones del sistema electoral, es decir, del JNE y la ONPE. Pone en tela de juicio las acciones de estas dos entidades a lo largo del proceso electoral para determinar que sus actos no se ciñeron a la Constitución y al sistema jurídico de la nación, por tanto, efectivamente han violado el derecho de los ciudadanos peruanos a elegir de manera legal a quién corresponde ser Presidente de la República del Perú.
El JNE y la ONPE pretenden mediante argucias procesales responsabilizar a los ciudadanos del hecho de que una fórmula presidencial, que no era hábil de participar en el proceso, haya resultado ganadora del mismo. Estas instituciones se olvidan que de acuerdo al artículo 38 de la Constitución Política del Perú (CPP) tienen el deber inmanente de defender, cumplir y hacer cumplir el proceso electoral y de acuerdo al artículo 178, constituye obligación del JNE fiscalizar la constitucionalidad y legalidad de este proceso.
La ONPE jamás cuestionó, siendo su deber hacerlo, la orden de incluir en la primera vuelta del proceso electoral 2021, una fórmula incompleta cuando el artículo 111 de la CPP ratificado por el artículo 115 del mismo cuerpo legal, exige que las planchas presidenciales estén conformadas por un presidente y dos candidatos a la vicepresidencia.
Para el ciudadano común es un derecho cuestionar a sus autoridades, para estas es un deber cuestionarse si los actos que realizan son constitucionales y legales.
La ONPE organizó dos procesos electorales incluyendo en ellas una fórmula presidencial ilegal y el JNE omitió su obligación constitucional y legal de fiscalizar y declarar la nulidad de sus propios actos conforme la ley ordena.
En este orden de ideas, la ONPE y el JNE actuaron en pared, violando nuestro derecho ciudadano de elegir a nuestro presidente del Perú. Se eligió a un candidato de manera ilegal, cuya participación en el proceso electoral era nula. Es más, el proceso electoral ya no solamente es ilegal, sino ilegítimo.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
