¿Nuevo contubernio para obstruir la investigación del acuerdo con Odebrecht?

En la sesión pasada de la Comisión del Congreso que investiga el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, la cual presido, se dio una situación particular que merece la pena abordarse porque podría estar obstruyendo el trabajo de la Comisión.
Resulta que el señor Rafael Vela Barba, la señora Silvana Carrión y la señora Zoraida Ávalos, quienes ya habían asistido anteriormente a la Comisión Investigadora del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht en calidad de invitados, han empezado a invocar que soy militante de Renovación Popular y que, por ende, supuestamente la Comisión no tiene imparcialidad. Nunca antes habían presentado objeciones por esto. Fueron, se sentaron y respondieron las preguntas en la Comisión.
Sin embargo, a raíz de que el señor Gorriti, invitado también a la Comisión, dijo en su panfleto que saca a través de su medio IDL-Reporteros que la Comisión está desacreditada, deslegitimada, todos ellos han seguido esta misma narrativa y han quedado aún más en evidencia cuando, al citar a estos personajes para que asistan nuevamente a la Comisión como investigados, tanto Silvana Carrión como Vela Barba y Domingo Pérez, los tres, el mismo día en que fueron citados, a última hora, último minuto, enviaron sus cartas diciendo que se acogen al derecho al silencio y que mi persona debe inhibirse de la presidencia de esta Comisión.
Me pregunto: ¿se juntaron en un café para acordar este argumento o son almas gemelas que piensan igual? Lo cierto y lo concreto es que ninguno de ellos fue a esta nueva citación de la Comisión Investigadora, y es realmente lamentable que incluso funcionarios públicos no se sujeten a lo que dice la ley y la Constitución.
Se han olvidado de lo que indica el artículo 97 de nuestra Carta Magna, ese mismo artículo que tuve que leerle al señor Domingo Pérez porque parece que no lo conocía. Ese mismo artículo deberían explicárselo a la señora relatora de la ONU: que el Congreso sí tiene facultad para investigar todo asunto de interés público bajo los mismos apremios, bajo las mismas prerrogativas que un órgano jurisdiccional. Deberían decírselo, para que no se olvide de lo que prescribe la Constitución Política del Perú.

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