Nueva segunda vuelta electoral

Lo que expresaré a continuación es, como de costumbre, un punto de vista estrictamente personal, que ni siquiera he compartido con algún miembro del partido que hoy representa al Fujimorismo, opción política a la que ingresé hace casi veintinueve años.
A partir de los datos de la realidad conocidos hasta el momento y los que es dable anticipar se conocerán pronto, mi conclusión es que la segunda vuelta electoral y el acto eleccionario del 6 de junio último, están insalvablemente afectados de nulidad, que borra toda legitimidad al gobierno que tendría que instalarse el próximo 28 de julio.
Dicha nulidad se ha materializado con las múltiples denuncias –con suficientes indicios– de fraude cometido en las mesas electorales y la nulidad de centenares de actas en mesas manifiestamente favorables a Fuerza Popular. Así mismo, la inédita, ilegal y claudicante actitud de las autoridades electorales, sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que han tendido irresponsablemente un manto de secretismo y oscuridad sobre lo que deberían ser elementos visibles como es el listado de electores en mesa de sufragio.
Ya es de conocimiento público (debió haberse conocido durante el mes de mayo) la existencia de una bien montada organización -¿criminal?- que mediante una red de corrupción enquistada en la estructura y actividades del gobierno regional de Junín, se procuraba de dinero destinado al partido y la campaña del candidato P. Castillo. En un celular que se pretendió desaparecer por el desagüe (dicho sea de paso que ni los funcionarios incautados con centenares de miles de soles ni menos aún el osado perpetrador de la maniobra “sanitaria” han sido objeto de prisión preventiva) se ha encontrado referencias a “las mesas electorales”. Igualmente, cada día se conocen más audios con conversaciones comprometedoras de allegados al contendor de Keiko Fujimori.
A la silla vacía del representante del Colegio de Abogados de Lima en el Pleno de JNE, se ha agregado el cuestionamiento a la designación de representantes del Ministerio Público en los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, y es posible que el reciente informe periodístico sobre graves problemas en la cúpula del Poder Judicial resulte también relevante para la propia “elección” del magistrado supremo que preside el JNE.
Bastaría un mes para realizar una nueva segunda vuelta electoral y mientras tanto el nuevo presidente del Congreso, a iniciar funciones el 27 de julio próximo, se encargaría del despacho presidencial de la República.
Es la única salida que garantiza el respeto a la voluntad popular y la legitimidad del nuevo gobierno.

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