Nueva gimnasia internacional

A raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre último, el Perú viene siendo objeto de por lo menos dos investigaciones internacionales, una de la ONU cuyo representante en nuestro país se permitió formular inaceptables apreciaciones sobre nuestra situación interna, que fueron rechazadas en su momento. La otra viene siendo desarrollada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que nos ha citado para el mes de noviembre próximo con el objeto de explicar las muertes ocurridas en recientes disturbios, cuando turbas armadas pretendieron capturar determinados activos críticos del país, como por ejemplo aeropuertos en varios lugares del Perú.
El Perú por respeto al orden jurídico internacional del cual es parte, debe ofrecer una explicación verdadera de estos recientes sucesos provocados por personas empeñadas en alterar el orden constitucional vigente. El primero, por cierto, fue el expresidente Pedro Castillo Terrones cuando quiso disolver el Congreso, pero evidentemente no es el único. Hay una lista de los integrantes de su último y penúltimo gabinetes que participaron en esos hechos. La responsabilidad recae sobre ellos y deben ser investigados para esclarecer su grado de participación en el intento golpista. Es una tarea que corresponde en primer término al Ministerio Público a través de la Fiscal de la Nación por la importancia y gravedad de la materia, luego al Poder Judicial según sus atribuciones para juzgarlos y tratándose de exministros y parlamentarios, se debe pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
¿Qué papel le corresponde a la CIDH de la OEA? Al respecto debemos tener en consideración su Carta cuyo artículo 121 señala en el primer párrafo que: “Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal, la de promover la observancia y los derechos humanos y de servir como órgano consultivo en esta materia”. Debemos resaltarque es un órgano consultivo y no ejecutivo, por consiguiente, carece de facultades para emitir decisiones vinculantes a los países integrantes de la OEA.
¿Eso significa que debemos ignorarla? De ningún modo. El gobierno peruano a través de su Cancillería debe dar una respuesta exhaustiva que explique las circunstancias en las que se produjeron las muertes, los ataques a las fuerzas del orden en muchos lugares del país, el asesinato de policías por turbas violentas que pretendían apoderarse de una parte de nuestro territorio. Finalmente, debe explicar con la mayor claridad posible la metodología de las llamadas “tomas de Lima”. Evidentemente capturar la capital de un país no es un hecho pacífico, muy por el contrato se trata de un acto de guerra interna, frustrado es cierto, pero no menos violento y contrario a nuestro orden constitucional. Esos son los hechos que nuestro gobierno debe explicar a la OEA y al mundo.

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