Nuestro gobierno no debe ser pragmático, sino principista

Comencemos por determinar la diferencia entre un gobierno pragmático y uno principista. Los gobiernos pragmáticos buscan soluciones prácticas, pues para ellos estas son concluyentes y efectivas. En cambio, los gobiernos principistas buscan soluciones dentro de los límites que imponen sus principios y valores morales. Los gobiernos pragmáticos son peligrosos porque no están frenados por la integridad moral ni la ética; para ellos, el fin justifica los medios. Los principistas, en cambio, limitan sus acciones con base en principios éticos y valores fundamentales. Por eso, los gobiernos pragmáticos son impredecibles y generan corrupción al no tener límites morales.
Un gobierno pragmático prioriza los resultados prácticos, mientras que un principista prioriza sus principios, aunque estos no siempre sean los más “prácticos”. Los políticos pragmáticos no creen en verdades absolutas; para ellos, las ideas son provisionales y sujetas a cambios producto de nuevas indagaciones. Los principistas, por su parte, consideran que los principios son verdades concluyentes, aunque reconocen que pueden modificarse si se hace público el cambio y es aprobado por los ciudadanos. La democracia obliga a que las transformaciones de principios sean legitimadas por el electorado.
El principista basa su accionar en principios, entendidos como verdades que sustentan un sistema de creencias que guían el comportamiento y la evaluación moral. Un principio puede expresarse mediante reglas que concretan valores fundamentales, facilitando su aplicación en políticas y acciones concretas.
En el Perú, la Constitución de 1993 estableció la economía de mercado como principio rector. El artículo 70 profundiza en ello al garantizar el derecho de propiedad, estableciendo que nadie puede ser privado de ella salvo por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y con indemnización justa y previa. Estos son principios constitucionales concluyentes que un gobierno principista no podría vulnerar sin la aprobación ciudadana.
Lamentablemente, la historia ha demostrado que nuestro gobierno actúa de manera pragmática, modificando principios esenciales sin el consentimiento del pueblo. Esto contraviene los fundamentos democráticos y vulnera derechos básicos, como la propiedad privada.
Un gobierno principista respeta sus principios y solo los modifica con aval popular, manteniendo una coherencia ética. En contraste, el pragmatismo prioriza resultados inmediatos, sacrificando valores fundamentales si lo considera conveniente. Este pragmatismo gubernamental, carente de límites éticos, abre la puerta a la corrupción y a decisiones arbitrarias.
La democracia, por esencia, es principista porque se fundamenta en principios y en la voluntad popular para modificar leyes y normas. La dictadura, en cambio, es pragmática: busca resultados sin considerar principios, actuando según conveniencia y sin someterse a la validación ciudadana.
Por ello, nuestro gobierno no debe ser pragmático. Necesitamos un gobierno principista que respete los valores fundamentales y los derechos ciudadanos, asegurando que cualquier cambio significativo sea fruto del consenso y la aprobación democrática, no de intereses coyunturales. Solo así podremos construir una sociedad justa, con instituciones éticas y verdaderamente democráticas.

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