Nuestro derecho a la ciberseguridad

El año pasado, el ataque cibernético al banco Interbank abrió el debate sobre la seguridad de la data de los bancos y de las empresas en general, cuya vulneración no solo afecta nuestro derecho a la privacidad, sino incluso a la propiedad de nuestros ahorros, pudiendo simular transferencias cuenta a cuenta, robándonos así los ahorros de toda nuestra vida, sin siquiera haber proporcionado nuestro nombre, DNI, nuestra clave secreta o tener en su poder la tarjeta física.
Hechos como este también pueden darse en el ámbito público, siendo el Estado el responsable de velar por la seguridad de nuestros datos personales.
Cuando interpretamos nuestro derecho a la seguridad, nos remitimos a la protección de nuestra integridad física a cargo de las fuerzas del orden, del derecho a la preservación de nuestra vida.
Nunca nos imaginamos sentirnos inseguros en un espacio virtual, que navegamos para facilitarnos acceder a servicios y a bienes, en el cual empleamos nuestros datos confiando en la responsabilidad de la institución que los maneja. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos sido educados sobre los peligros en las plataformas virtuales o en las redes sociales, por lo que estamos expuestos a la ciberdelincuencia, que muchas veces suplanta nuestra identidad para lograr sus ilícitos propósitos.
A pesar de contar con una regulación que, si bien es insuficiente, son las instituciones las obligadas a difundir la información necesaria sobre las diversas modalidades del delito, las herramientas para su prevención y el auxilio con el que cuentan los usuarios para optimizar su protección.
Es decir, no basta con una regulación del deber de protección de los datos personales, sino que es necesario dotar también a la administración pública de las herramientas necesarias frente a la inseguridad cibernética.
Hasta el momento no contamos con una política nacional de ciberseguridad que opere de manera articulada.
En la actualidad, la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene como objetivos la prevención a través de su rol promotor de coordinación y colaboración entre las entidades que administran las redes informáticas de la Administración Pública Nacional, así como el asesoramiento técnico, la capacitación y la adopción de estándares internacionales en materia de seguridad e identidad digital, entre otros.
Es importante recordar que la modernización del Estado comprende la adopción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación con un enfoque descentralizado.
El gobierno digital, sus herramientas, normas y principios, permiten el acceso a los principales servicios públicos, como el de salud y la educación, la administración de justicia; así también una oportuna fiscalización hace posible que más peruanos puedan acceder a plataformas seguras y confiables para el ejercicio de sus derechos fundamentales y la cobertura de sus principales necesidades.
Finalmente, enfatizar la importancia de la inclusión digital, que implica el uso respetuoso del ciberespacio y de las nuevas tecnologías, incentivando la participación de la ciudadanía digital responsable.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.