Nuestro capo: ‘al Castillo’

La mafia que gobierna al Perú no solo roba, sino que amenaza de muerte a quien se le oponga. Cada vez más, esta organización criminal apela al asesinato. Por temas de pesca, un funcionario del Ministerio de la Producción recibió el mortifero ultimátum de un congresista ligado al llamado grupo de ‘Los Niños’ de Acción Popular, según reveló un reportaje periodístico. El ministro sabe todo, pero no denuncia los hechos.

Gracias a la prensa se conoce que, desde prisión, ‘La Banda del Jorobado’ monta un plan para matar a la fiscal de la Nación, a la magistrada Marita Barreto y a miembros de su equipo especial. No es una fantasía, es real. El régimen busca sepultar, literalmente, a quienes le son incómodos e investigan sus pillerías. Al tenebroso objetivo se suma un traficante de terrenos, amigo de ‘Al Castillo’, llamado ‘El español’.

La degradación del país prosigue. Un amigo de Maduro y del ministro de Comercio Exterior refiere que financió un viaje a México al titular de esa cartera y que este le dio trabajo a la esposa de Bruno Pacheco, hombre de confianza de Castillo, hoy colaborador eficaz. El grasiento funcionario lo negó. Horas después aceptó que expidieron órdenes de servicio, pero que no se ejecutaron. Los familiares de los congresistas oficialistas comen del Estado, el Gobierno les da trabajo, pagado con nuestros impuestos. No hay freno ni sanción. Una dirigente de Fenatep -el sindicato magisterial prosenderista- cobra diezmos a prefectos y subprefectos. La lista de latrocinios es grande.

Pese a todo lo que se conoce de ‘Los niños’ estos se pasean por el Congreso sin sanción alguna. Es más, los parlamentarios vendidos hacen demostración de fuerza: no vacarán a Castillo. Están en otro negocio. La oposición convive con ellos sin problema. Hace más de un mes, la Comisión de Ética sancionó a algunos ‘niños’. Pero aún el pleno no lo debate. Parecen no tener urgencia. La Fiscalía de la Nación ha hecho un gran trabajo, aunque debería continuarlo en las entidades señaladas con la misma firmeza. Si no, los ciudadanos estamos desamparados. En todos los casos hay flagrancia del delito y no procede la inmunidad parlamentaria.

La marcha contra el régimen del 5 de noviembre fue exitosa y masiva. Mucha gente de bien demostró su repudio al Gobierno. Castillo y sus huestes contestaron con una movilización el jueves pasado, llamada ‘la toma de Lima’. Poca gente, principalmente lúmpenes contratados. Fue muy violenta, sobre todo contra la prensa. Ha sido un ensayo para programar futuras acciones. Ayer Castillo repartió camionetas para los ronderos. Estos no pertenecen al Estado. ¿Quién las pagó? Probablemente servirán para trasladar gente en futuras movilizaciones.

Si el Perú quiere sobrevivir, Castillo debe dejar el poder. Los ministerios se están convirtiendo en cangrejeras de corrupción al servicio del régimen. Castillo, su premier y sus ministros obstaculizan la labor de la justicia. Estamos en el límite para revertir el desastre. Finalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la acusación por traición a la Patria contra Castillo. No gustará a algunos, pero el purismo jurídico frente a un adversario que se zurra en la ley no es aconsejable. Abordemos alternativas como la suspensión o rebajar los votos para la vacancia. Actuemos con rapidez, pero unidos. ¿Dónde están los partidos?

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