Nuestra justicia sometida a la delincuencia venezolana
El mero hecho de que alrededor de millón y medio de venezolanos ingresaron “invitados” por un irresponsable gobernante no implica que el Estado renuncie a su potestad sancionadora si estos foráneos violan nuestras leyes. La política migratoria debe equilibrar solidaridad internacional con protección del frente interno; y aquello incluye revisar y ajustar mecanismos de control, cuando se evidencian fallas. ¡Como es este caso!
Desde la mala hora en que el irresponsable exmandatario Pedro Pablo Kuczynski les abrió de par en par las puertas del Perú a cerca de un millón doscientos mil venezolanos —sin requisito alguno de parte de ellos; lo que implicó no exigirles documentos de identificación— el Estado jamás ha iniciado un debate sobre este problema que afecta gravemente su seguridad, estimado lector. ¡Gravísima temeridad de PPK! Porque, de inmediato, esta muchedumbre se instaló en nuestro país apelando solo a un “Permiso Temporal de Permanencia (PTP)”. Transcurridos ocho años, semejante temeridad —de quien se presentaba como un político de fuste, capaz de gobernar con habilidad y solvencia nuestro país— ha producido un cataclismo criminal de incalculable proporción que mantiene a la sociedad peruana sumida en total indefensión. Más claramente, sometida a una oleada criminal de proporciones insufribles. ¡Porque hoy, la vida en el Perú no vale nada!
La delincuencia venezolana campea acá de manera sobrecogedora. Porque, además, nuestra Justicia —con un Ministerio Público cómplice de ciertos jueces— perdona sistemáticamente decenas de crímenes que diariamente cometen prontuariados malhechores venezolanos, todos en libertad. Desde asaltos en motos hasta brutales asesinatos, el sicariato venezolano campea en nuestras calles apelando al uso de granadas, bombas de inmenso poder y provistos de armas automáticas inusuales entre el hampa criolla. Y mientras esto ocurre impunemente, decenas de seres inocentes —aparte de policías— mueren a diario, asesinados por esta ola criminal creada por bandas venezolanas exterminadoras que actúan con absoluta impunidad, gracias a que ninguno de sus integrantes fue forzado a identificarse ni a registrarse ante las autoridades, gracias a la imprudencia —por decirlo cortésmente— del exmandatario Kuczynski.
Aparte del error de Kuczynski, nuestros jueces y fiscales tratan benévolamente a la mafia criminal venezolana. Sencillamente, no consideran agravante que estos entraran impunemente al país sin identificarse/registrarse, confirmando el desinterés que tienen los servidores del sistema de Justicia. Porque el artículo 58 del Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, dicta que “un extranjero puede ser expulsado del país si ha sido condenado por delito doloso; cometido faltas graves contra el orden público o la seguridad ciudadana; ingresado de forma irregular o ha falseado información migratoria”.
Al respecto, ¿por qué callan esa cotorra que preside el Poder Judicial, y la atorrante mandona del Ministerio Público, ante el estatus ilegal de los criminales venezolanos? ¿Acaso en diciembre de 2024 no se adicionaron causales, como expulsar al extranjero que no se identifique ante las autoridades; al indocumentado y/o con antecedentes; y asimismo proscribir el ingreso y/o reingreso al Perú de extranjeros con antecedentes penales y/o policiales; además sin contrato de trabajo y/o alquiler? ¿Acaso esta ley exceptúa a los venezolanos?
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