Nos habíamos medicado tanto
Sirva la salida de la exministra de Salud, Silvia Pessah, para que el Gobierno promueva un cambio sustancial en el sector, que pide a gritos iniciar un proceso de modernización en toda su organización. ¿Qué pasó con la reforma que impulsaría el Aseguramiento Universal en Salud? Una buena iniciativa impulsada hace 10 años continúa hoy detenida en el tiempo.
Un tema sensible es la siempre cuestionada compra de medicamentos. Antes de finalizar su gestión, Pessah convocó a una comisión que aporte con mejoras al tema. Pero, curiosamente, las asociaciones de pacientes, principales interesados en solucionar los problemas de acceso, no fueron convocadas a esta instancia de coordinación. BioRed Perú, por ejemplo, asociación que representa cerca de 25 mil pacientes agrupados en más de 15 enfermedades catastróficas, ni siquiera recibió una llamada para consultarles su opinión.
El Gobierno debe corregir, por ejemplo, las distorsiones generadas por los amantes del “control de precios”, quienes bajo el pretexto de reducirlos en el punto de venta, olvidan que las medicinas deben demostrar su calidad y eficacia antes de ser puestas a disposición de los pacientes.
Perú es uno de los pocos países en el mundo donde no es obligatorio que las medicinas genéricas demuestren que son bioequivalentes o biosimilares; es decir, hoy al mercado peruano podría ingresar veneno disfrazado de medicamento y no ser un delito que se pague con cárcel. ¡¡¡De locos!!!
O las distorsiones generadas por quienes proponen hacer compras de medicamentos a través de organismos internacionales, que discriminan al productor local y evitan (no sabemos si sin querer queriendo) el control concurrente o posterior que realiza la Contraloría General con todas las compras públicas. Curioso que se prefiera evadir la realidad nacional y salir de compras fuera, antes que afrontar un problema de gestión pública con una reorganización de las reglas de juego al comprar en el Perú, con la transparencia adecuada.
Estas distorsiones atentan, también, contra los derechos de pacientes y médicos. Restringen –por un lado– la libertad de los pacientes a tener disponibles y para su elección, una gama de tratamientos para sus enfermedades. Y restringen –por otro lado– la libertad de los médicos para recetar los tratamientos que mejor impacto tengan sobre su paciente. Lamentablemente, la lógica del precio resulta más importante que la razón de la calidad y eficacia, cuando las decisiones más importantes del sector Salud son tomadas por burócratas de escritorio que, ni siquiera, ostentan un título de químico farmacéutico.
