No sólo de vacancia vivirán los vulnerables
A ver, qué tal si dedicamos el mismo tiempo e ímpetu destinado al tema de la vacancia presidencial, para reclamar mayores beneficios a poblaciones vulnerables afectadas por partida múltiple, ya sea por discriminación, desigualdad, acceso a los servicios públicos y en el colmo de males ahora la pandemia del Covid-19; sí, nos referimos a los 3’051,612 de peruanos y peruanas que sufren alguna clase de discapacidad (cifras del Censo Nacional 2017), a la sazón el 10.4% de nuestra población total.
En los últimos Gobiernos se ha avanzado en la promoción y defensa de los derechos de las poblaciones en estado de vulnerabilidad, en el de Ollanta Humala con la implementación de la “Política Social” con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la creación (en su caso unificación) de programas sociales, en su mayoría dispersos en la Administración Pública, con el objetivo de sacar de su postración a los sectores de pobreza y pobreza extrema con énfasis de las zonas rurales y de la Amazonía, conjuntamente con una Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad; y en la actual gestión de Martín Vizcarra, con la asignación de una pensión no contributiva de 300 soles cada 2 meses en favor de personas con discapacidad severa en estado de pobreza.
Sin embargo estos esfuerzos no son lo suficientemente potentes para atender las necesidades básicas de supervivencia de estas poblaciones en situación en muchos casos de abandono social, actualmente son 40,033 quienes perciben dicha pensión pero el universo es mucho mayor; veamos, si nos atenemos a la condición o criterio aplicado, de estar sumidos en la pobreza o pobreza extrema, la pensión debieran recibirla 125,451 personas, pero si consideráramos que del total de personas con discapacidad (3’051,612 según Censo 2017 y 3’209,261 según la Defensoría del Pueblo), un 40% aproximadamente dependen de la asistencia o cuidado de otra persona por su grado de vulnerabilidad y por lo cual su asistente deja de realizar sus propias actividades económicas de manutención, por ende la condición de pobreza se extiende; así las cosas más de un millón doscientos mil personas debieran ser integradas como beneficiarias de una pensión, es lo justo y lo mínimamente que el Estado puede hacer para restituirles su derecho a una vida digna.
Estamos claros que una asignación económica, la verdad muy modesta (S/ 300 en forma bimensual), no lo es todo para atender a estas poblaciones, no es un tema de asistencialismo como algunos críticos piensan, sino de “responsabilidad” en la búsqueda de eliminar las brechas sociales existentes, también la generación de oportunidades para que éstas en igualdad realicen sus proyectos de vida, infraestructura pública y privada que garantice su “accesibilidad”, entre otras medidas. Celebramos desde esta columna que la Defensoría del Pueblo se haya pronunciado en estos temas, es imperativo sumarse a su voz y esperar que el Ejecutivo recoja las recomendaciones, ¿o es que también en esos fueros el único tema es salvar de la vacancia? Quedamos atentos a la respuesta.
