No se pidió disolución del Congreso sino cuestión de confianza
“Vamo a calmarno”, para usar una frase coloquial en medio de la agitada coyuntura política del país y es que el Poder Ejecutivo no ha anunciado la “disolución del Congreso”, sino ha planteado una “cuestión de confianza” respecto a las políticas de “fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción”, que giran en torno a iniciativas legislativas presentadas meses atrás por el Gobierno en temas de inmunidad parlamentaria, elecciones primarias en las organizaciones políticas, la eliminación del voto preferencial, paridad y alternancia entre mujeres y hombres en las listas de elección popular y la prohibición de dinero sucio en las campañas políticas, entre otros.
No hay por qué ponernos en un escenario apocalíptico, ya que la “cuestión de confianza” es perfectamente legítima y no existe restricción en cuanto a los temas que la motivan, toda vez que ha quedado zanjada cualquier controversia al respecto, por un fallo del 2018 del Tribunal Constitucional, organismo por excelencia que vela por el control de la constitucionalidad de las leyes, que resolvió que en el marco del equilibrio de poderes no se podía restringir los asuntos que la gestión del Ejecutivo demandase, declarando inconstitucional un candado aprobado por el Legislativo vía su reglamento, que pretendió limitar esta figura a no solicitarse “cuando esté destinada a promover, impedir la aprobación una norma o un procedimiento legislativo o de control politico”.
Si bien el duro discurso del presidente Vizcarra cayó como patada al hígado a los parlamentarios, pasado el efecto inicial surgieron voces serenas señalando estar de acuerdo con el fondo de muchos de los temas planteados y que esperarían a pronunciarse al recibir oficialmente el pedido. ¿Que está coyuntura afectará la economía?, sin duda, pero ya estamos sobre el caballo y los escenarios están previstos por nuestra Constitución, que en caso extremo de denegarse la confianza (teniendo el precedente Zavala) o no aprobarse sin desnaturalizar la reforma de Estado planteada y el Ejecutivo disolviese este Congreso, el equilibrio de poderes está garantizado con el funcionamiento de la Comisión Permanente hasta la instalación del nuevo Congreso que sería antes de fin de año y que podrá continuar con la reforma política. En tanto el Gobierno legislará vía Decretos de Urgencia que pondrá de conocimiento de la “Permanente” que a su vez lo elevará al nuevo Parlamento para el control político.
¿Que el actual premier no fue nombrado por PPK sino por Vizcarra, otro gobierno y por tanto no operarían dos confianzas rechazadas? Esto no resiste la lógica, porque entonces el mandato de MV no acabaría el 2021 sino el 2023 cumplidos cinco años en el cargo y no es así porque él fue parte de la fórmula presidencial que ganó las Elecciones Generales del 2016. Por lo cual “Vamo a calmarno”.
