No más impunidad

Y nuevamente, la misma historia. Sheyla apareció descuartizada por un policía que, con engaños, la llevó a su departamento y la asesinó. Y nuevamente, se repite la impotencia, la injusticia y la impunidad.
La familia de la víctima llorando, clamando justicia porque las autoridades no actuaron a tiempo. Una historia más de un feminicidio que se pudo evitar, en el que hubo la oportunidad de cambiar la historia de dolor de su familia.
Desde el año 1996, el Estado peruano ha contraído la obligación de implementar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, acciones concretas que conduzcan a una investigación efectiva y oportuna, que escuche a las víctimas y a sus familias, que cesen los actos de violencia, que sancionen de forma efectiva al agresor y que, sobre todo, eviten la revictimización, permitiendo la recuperación de las víctimas y de su proyecto de vida.
Sin embargo, a pesar de contar con la Ley 30364, de las modificaciones en el Código Penal que han permitido elevar las penas de delitos como el feminicidio, a pesar de contar con un sistema de atención a los casos de violencia, el programa AURORA, Centros de Emergencia Mujer, siguen dándose más casos en los que las medidas de protección no se otorgan en su oportunidad, en los que los policías se niegan a recibir las denuncias juzgando a la víctima; todavía las evaluaciones psicológicas y pericias se realizan fuera del plazo de ley y la valoración de las lesiones no obedece a la gravedad de las circunstancias del hecho de violencia.
Y esto, solo si analizamos la efectividad de las medidas aplicadas a los casos de violencia física y psicológica. Por ejemplo, la ley contra el acoso político aún espera ser implementada. Estamos próximos a un proceso electoral en el 2026, en el cual las candidatas encontrarán nuevamente las barreras y estereotipos que descalifican y limitan su participación en la política. Actualmente, no se cuenta con un procedimiento especial de atención de denuncias ante las autoridades electorales.
De otro lado, la violencia sexual que impacta gravemente en las mujeres y en las niñas. Una forma de violencia invisible que en la mayoría de casos no suele denunciarse cuando el agresor se encuentra en el mismo hogar. Asimismo, la violencia económica, producto de la discriminación a las mujeres por las labores que realizan en el hogar, la misma violencia que también impacta en las mujeres que demandan judicialmente su derecho alimentista y el de sus hijos.
Luchar contra la violencia a las mujeres no solo requiere de leyes, más cuando estas resultan letra muerta. Se requiere voluntad de tomar decisiones, pero sobre todo compromiso intersectorial que debe manifestarse en un trabajo articulado. Sanción efectiva para el agresor y para el funcionario que no cumpla con atender los casos. Ya no más impunidad, no más medidas efectistas, que solo dejan en desprotección a la víctima, condenándola a vivir con miedo y en silencio.

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