No a la impunidad

Martín Vizcarra, expresidente de la República, probablemente será sentenciado en las próximas semanas por el Poder Judicial, debido a los graves ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Las pruebas, testimonios y declaraciones de testigos y colaboradores eficaces recogidos durante el juicio oral son contundentes. Sin embargo, resulta llamativo que el Ministerio Público no haya solicitado su detención preventiva o arresto domiciliario, pese a los evidentes riesgos de fuga.
Vizcarra ha intentado victimizarse alegando persecución política, bajo el argumento de que se busca impedir su postulación a la presidencia. No debemos olvidar que fue vacado por el Congreso el 9 de noviembre de 2020, con 105 votos. Días después, con el respaldo del Partido Morado, ONGs y ciertos medios de comunicación, intentó presentarse como un líder derrocado por intereses espurios.
Las manifestaciones contra el gobierno de transición de Manuel Merino fueron impulsadas y amplificadas por medios alineados con el vizcarrismo. La muerte de dos jóvenes durante las protestas fue atribuida a la Policía Nacional, y se utilizó políticamente para forzar la caída del gobierno. La fiscal Zoraida Ávalos presentó denuncias constitucionales contra Merino y otros funcionarios, y el Congreso exigió su renuncia el 15 de noviembre.
El Congreso no supo responder al falso argumento de que solo podían postular a la presidencia del Legislativo quienes no apoyaron la vacancia. Esto allanó el camino para que el Partido Morado tomara el control. La elección de Francisco Sagasti fue el resultado de una hábil maniobra política. Su gobierno representó la segunda fase del vizcarrismo.
Vizcarra, sin ser estadista ni líder intelectual, fundó un partido y falsificó miles de firmas. Desde el inicio de su mandato en 2018, buscó controlar el Ministerio Público, atacando al fiscal Pedro Chávarry y respaldando al Equipo Especial Lava Jato. Este equipo, con apoyo de Gustavo Gorriti, firmó un acuerdo entreguista con Odebrecht, eximiendo de responsabilidad penal a sus ejecutivos.
Vizcarra mostró especial interés en el caso de Alan García. Fue él quien ordenó enviar miles de folios a Uruguay para impedir el asilo solicitado por el expresidente. La presión mediática y judicial fue evidente. El suicidio de García el 17 de abril de 2019 ocurrió mientras se ejecutaba una orden de detención preliminar. Vizcarra incluso convocó al Consejo de Ministros en horario inusual ese mismo día.
El cierre del Congreso el 30 de septiembre de 2019 fue un golpe de Estado avalado por el Tribunal Constitucional. Luego, en pandemia, Vizcarra descartó pruebas moleculares, demoró la compra de vacunas, y se vacunó de forma irregular. Aun así, hoy se presenta como candidato presidencial y encabeza encuestas de empresas cuestionadas como CPI.
El Ministerio Público debe actuar con firmeza para evitar una fuga. Vizcarra podría buscar asilo en países afines, como ya ocurrió con Nadine Heredia.

Por José Antonio Torres Iriarte

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