No ha lugar, la interferencia de fueros

Se puede estar de acuerdo o no, con la performance de los poderes públicos y organismos autónomos constitucionales, pero en un Estado de Derecho corresponde respetar de forma irrestricta su autonomía institucional. Que en tanto y en cuanto sus titulares no incurran en infracción constitucional debidamente probada o sean sentenciados por la comisión de delitos, no es legal ni legítimo invadir fueros, máxime si nuestra Constitución Política que es la norma de mayor jerarquía les asigna competencias, obligaciones y prerrogativas que no es posible vulnerar vía iniciativas legislativas sin sustento técnico-jurídico, como es el caso de un proyecto de Ley en el Congreso de la República que busca recortar el mandato de las cabezas del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pretextando que la medida es de carácter de excepcional y por única vez, apelando a un tema de “desconfianza” ¿?

La verdad, no se necesita ser conocedor de leyes para entender que el espíritu de la Constituyente que elaboró la carta magna de 1993, fue mantener a los Organismos Electorales a buen recaudo del poder político, dotándoles de autonomía e independencia, por lo cual no solo es improcedente la citada iniciativa sino también impertinente, porque es promovida en el contexto del adelanto de Elecciones Generales de abril del 2024, lo que levantaría sombras, expondría a entredicho la idoneidad del proceso electoral y por ende la legitimidad de las autoridades electas y más impertinente aún si otra reforma que simultáneamente se pretende impulsar, está el de eliminar la reelección inmediata de los congresistas, que fuera rechazada ampliamente vía Referéndum del 2018, cuyo resultado es justo decirlo, fue intocable por dos años (hasta el 2020) y ya no goza de ese escudo protector, pero que resulta ser una buena herramienta para medir el pulso de la ciudadanía y además porque en la práctica se estaría legislando “con nombre propio”, en favor propio (proscrito por la Constitución) de los actuales parlamentarios que buscarían tentar su permanencia en el cargo vía nueva postulación en el plazo próximo del 2014, ya en marcha.

En opinión de esta columnista, a quien no le une amistad o enemistad con el presidente del JNE y el jefe de la ONPE, el Principio de Legalidad y de Oportunidad obliga mandar al archivo el o los proyectos de Ley en ese sentido; cada poder y organismo constitucional en su lugar, cuidemos de no darle insumos a ese sector de la población que busca a ciegas el cierre del Congreso y el adelanto de Elecciones Generales sin mínimas reformas que aseguren que impresentables o vivarachos vuelvan a dinamitar el aparato estatal y/o desconocer el Orden Democrático del Perú.
Favor señores/as congresistas de no dar lugar a incendiar más la pradera. Pasados los próximos comicios podemos retomar los temas en cuestión. Por delante está el bienestar general del país, no el particular (el vuestro).