No debe renovarse administración de bienes del GSP
El caso Lava Jato tiene múltiples aristas, una de ellas es la terminación del contrato del proyecto “Mejoramiento de la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, conocido en el sector como Gasoducto Sur Peruano (GSP).
El contrato del GSP fue dado por concluido el 23 de enero del 2017 y, ocho días después, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aprobó el Decreto de Urgencia (DU) 001-2017, que obligaba al regulador Osinergmin a realizar un proceso de contratación de la administración de los bienes del GSP.
El 26.05.2017, Osinergmin firmó contrato con la empresa Estudios Técnicos SAS, por un monto de 46.9 MMUS$, estableciendo como fecha de inicio el 15.06.2017, y con vigencia de un año.
El DU constituyó un grave error del gobierno. Desde un inicio hubo voces que señalaban que no correspondía al Estado hacerse cargo de los bienes del GSP, que la lectura que se estaba dando al contrato era equivocada y que se le estaría reconociendo al Consorcio GSP -donde Odebrecht Latinvest era el accionista mayoritario- un derecho a resarcirles por lo menos el 72.25% del valor contable neto de los bienes, lo que fácilmente podría ascender a la suma de 2,000 millones de dólares (MMUS$).
Hoy ya existe un proceso arbitral en el CIADI sobre el particular, planteado por uno de los miembros del consorcio, la española Enagas SA, que está solicitando resarcimiento por la suma de 511 MMUS$, dada su participación accionaria del 25%.
El contrato con la empresa administradora culminó el 14.06.2018 y, con enorme ligereza por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), fue renovado por un año adicional, lo que significó un egreso de 59.2 MMUS$ de la caja fiscal.
Este hecho y el DU 001-2017, constituyen pruebas a favor de Enagas en el proceso arbitral.
El próximo 14 de junio, se vence nuevamente el contrato de administración referido y, si se quiere ser coherente en la posición peruana ante el CIADI, no debería renovarse.
Como la actitud del MEM es timorata, tranquilamente se pueden apoyar en el proyecto de ley del congresista acciopopulista Armando Villanueva (PL-4240/2018-CR), que propone derogar el DU-001-2017, origen de este grave conflicto para el Estado.
