No confundir Congreso con congresistas

Me atrevo a escribir esta columna, para expresar y dejar constancia de mi disconformidad, cuando erradamente se echan culpas que no tiene al Congreso, cuando las responsabilidades por hechos o actuaciones desdorosas, por decir lo menos, recaen en algunos congresistas, lo que no debería perjudicar a la institución parlamentaria ni a sus integrantes que actúan con solvencia, tanto moral como funcional.

Por calles y plazas, en reuniones sean sociales, laborales o de cualquier especie, se escuchan quejas contra el Congreso y, lo que es peor, en términos que enrojecerían hasta a los más desvergonzados.

Lo cierto es que el Congreso, como institución, no tiene por qué cargar con culpas ajenas. Si hay congresistas “mochasueldos”, ello es perpetrado por algunos malos congresistas, pero no tiene por qué afectar a la institución.

Si hay alguna congresista que pretende ejercer sus funciones desde el extranjero, con asistencia virtual, como si aún estuviésemos con las reglas de excepción por la pandemia, ello tampoco es responsabilidad atribuible al Congreso, sino a ella misma que solo parcialmente ejerce sus atribuciones, esto es la legislativa o normativa, mas no la de fiscalización y de representación las cuales, obviamente, requieren de su presencia física.

Si existen parlamentarios que su hoja de vida puede parecer prontuario policial o judicial, evidentemente ello no es responsabilidad del Congreso y menos aún, si los parlamentarios a los que nos referimos escondieron los hechos u omisiones que los descalifican o simplemente los ignoraron.

Las responsabilidades, sean de carácter administrativo o penal, son de carácter personal, sean por acción o por omisión y no pueden comprometer a un colectivo institucional como es el Congreso de la República.

Cuando hay observaciones, objeciones o críticas a las actuaciones de algún o algunos parlamentarios, acostumbrémonos a señalarlos por su nombre y apellido sin comprometer a la institución parlamentaria, pues sus demás integrantes nada tienen que ver con situaciones reñidas con la ley o la ética, que son ejecutadas por personas que nunca debieron llegar al Parlamento.

El Congreso, institucionalmente, es esencial para la Democracia, pues ejerce la facultad legisladora, además de la representativa y fiscalizadora de las demás entidades de la Nación, debiendo ser un equilibrio con los otros poderes del Estado, impidiendo en esa forma la concentración del poder y el ejercicio nocivo de la arbitrariedad. Hacemos mal, cuando equivocadamente nos referimos despectivamente al Congreso y no a los congresistas que con sus actitudes son los causantes del injustificado desprestigio institucional.

Evidentemente, habrá responsabilidad de los demás congresistas, si es que pudiendo poner coto a las acciones u omisiones de malos parlamentarios, no lo hacen, pese a la existencia de la Comisión de Ética y de procedimientos disciplinarios que están normados en el Reglamento del Congreso que tiene rango de ley.

Los parlamentarios que apañan inconductas ajenas o cierran los ojos ante ellas, en la práctica su omisión puede considerarse dolosa y por ello también sancionable y, si el Congreso no lo hace, tendrá que hacerlo la ciudadanía con rigurosidad en próximos procesos electorales y con el público señalamiento.

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