No al pacto tramposo con Odebrecht
La gran estafa continúa en marcha. Los fiscales Rafael Vela Barba, Domingo Pérez –y también el procurador Miguel Ramírez– han confirmado su periplo a Sao Paulo para suscribir los “acuerdos finales de beneficio y colaboración eficaz” con la corrompedora Odebrecht. Zoraida Ávalos, la fiscal de la Nación, debe entonces haber consagrado este viaje y, en consecuencia, validado la autógrafa del citado pacto con el diablo.
Por su parte Vicente Zeballos, el ministro de Justicia, debe haber hecho lo propio. Con lo cual ambos santifican un acuerdo a todas luces contrario al interés nacional. Podrá ser todo lo conveniente para el presidente Vizcarra, quien ese mismísimo día apareció en la pantalla convalidando el contrato de marras. También para esa prensa vendida al régimen que defiende los intereses de las grandes constructoras locales consorciadas con Odebrecht; al menos está vinculada a la más grande de ellas. Y asimismo para la canalla progresista que domina la situación política nacional detrás del vizcarrismo.
Este pacto infamante permitirá que el oficialismo, incluida la Fiscalía, obtenga de una mafia –como es Odebrecht– información estratégica, a cambo de nunca investigarla por decenas de obras plagadas de sobrecostos y repartijas. Ejemplo: Gasoducto del Sur (US$ 8,000 millones); las Interoceánicas 2 y 3; el Metro de Lima, la Costa Verde tramo Callao, la vía Evitamiento del Cusco, entre tantas otras. Aparte de cobrarle solamente S/ 600 millones por indemnización, pagadera en 15 años, cuando el cálculo del propio MEF es nueve veces mayor.
Esto no es aceptable en un país cuyo presidente se jacta pública, permanentemente de ser el adalid de la anticorrupción. Menos aún para una sociedad razonablemente indignada, tras la arremetida perpetrada por contratistas y constructores de la mano de presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas de la nación, alta burocracia, grandes empresarios, etc. Aquello, amable lector, significó el robo de miles de millones de dólares timados a un país que, por el discurso de sus autoridades, alucinaba estar distanciándose del tercermundismo aprovechando la época de oro del mundo en lo referente al precio de los minerales.
Coyuntura que permitiera al Perú recibir enormes recursos de inversionistas locales y extranjeros, cuya apuesta redituara cuantiosísimos ingresos al Fisco por concepto de impuestos directos e indirectos, regalías por concesiones, etc. No obstante, aquella multimillonaria fortuna fue vilmente desviada al bolsillo de autoridades venales, de empresarios corruptos y concesionarios tramposos, quienes se enriquecieron a costa de mantener en el submundo del atraso a 30 millones de peruanos, condenados a subsistir en esa vil pobreza en la cual vivieran hasta antes del boom de los noventa.
Bajo tales consideraciones, ningún peruano bien nacido puede admitir que dos fiscales y un procurador firmen un pacto traicionero a los intereses nacionales so pretexto de “levantar información relevante”, astutamente digitada para acosar a determinadas personas contrarias a un oficialismo indignamente entregado a la progresía marxista, a su vez sensualizado por constructores corruptos asociados a Odebrecht. Vale decir, a la contraparte firmante de este pacto abyecto al cual repudian las grandes mayorías usualmente siempre silentes.
