No al garantismo extremo en favor del crimen organizado

Revuelo e indignación ha causado la actuación de determinados magistrados que integran el Sistema de Justicia Penal del Perú, me refiero a los casos de la liberación de 28 detenidos en operativo policial en un búnker del distrito de Pachacámac, donde fueron hallados drogas, armas de fuego y hasta granadas de guerra y, de la denegatoria a la extradición de Wanda del Valle Bermúdez Viera, alias la “Bebecita del crimen”, al haberse declarado improcedente el requerimiento del Ministerio Público; francamente, un hecho más escandaloso que el otro.

Y es que, lo dispuesto por un fiscal y dos jueces, en su caso, es intolerable y altamente condenable, en ambos casos se expone a peligro a bienes jurídicos protegidos por el Estado, el de la tranquilidad pública, la libertad, la dignidad de las personas, entre otros, se está ante graves imputaciones de carácter penal en tesis de la fiscalía, por lo pronto a los del búnker a quienes se les atribuye ser una facción del sanguinario “Tren de Aragua”, los de proxenetismo, extorsión, cobro de cupos y delitos conexos.

En tanto que a la tal Wanda, de quien se dice también integraría la misma banda criminal, los de recaudar la plata de las extorsiones, la distribución de armas y el participar en trata de personas; ésta, como se sabe, cayó recientemente en el país de Colombia, lo que una vez más deja a relucir que nuestras fronteras son una coladera.

Así las cosas, en opinión de esta columnista, debe sancionarse con severidad la cuestionada actuación tanto del fiscal del caso del búnker de Pachacámac que luego del operativo policial dispuso la libertad de 21 de los 28 detenidos, algo inconcebible porque lo que hallaron en la intervención vulneraría la seguridad pública; como así mismo la jueza que días después resolvió, porque a su criterio no habían suficientes elementos de convicción, el dejar sueltos en plaza al remanente, en número de 7, a los angelitos que continuaban detenidos.

Así como también debe sancionarse al juez que declaró improcedente la extradición activa de la “Bebecita del crimen”, más allá que respecto a los jueces, el propio Poder Judicial conocidos sus controvertidos fallos, resolvió “en primera”, la separación y/o suspensión de sus cargos, no quedando claro si ambos serán sometidos a procesos administrativos sancionadores (PAS), en todo caso lo idóneo sería ponerlos a disposición del Ministerio Público a fin de determinar el alcance de sus actuaciones en el marco de sus responsabilidades como operadores de justicia, porque tanto éstos como el fiscal del búnker, pareciera asumieron una postura de “garantismo extremo” en favor de personas sindicadas de cometer gravísimos delitos, en vez de serlo con la sociedad, ya que la delincuencia organizada afecta el libre desarrollo de las actividades comerciales, vulnera la integridad de las personas, la paz social y en general el Orden Interno. Si había que ser garantista (limitar o frenar el poder punitivo del Estado), que sea en favor de la ciudadanía y no de delincuentes.

La condena pública, pues, está más que justificada en estos casos mediáticos, y me pregunto, ¿cuántos más por el estilo habrá en el país que no se conocen?

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