¡No al facilismo!

Al aproximarnos al primer año de gestión de la era Castillo, la percepción mayoritaria de los peruanos es que éste ni el partido político que lo postuló, estaban pero ni por asomo preparados para gobernar, si bien es cierto que para los cargos de elección popular no se exige a los candidatos grados y títulos profesionales, ni experiencia de gestión, pero por lo menos la ciudadanía espera que quienes aspiren a manejar las riendas del país gocen mínimamente de sentido común y voluntad política, dos requisitos básicos para toda autoridad política, porque así estos se rodean de los mejores asesores, ellos/as tendrán finalmente la última palabra, la decisión, en concordancia con sus altas responsabilidades y ya está visto que estamos ante una administración que “no da pie en bola”, es decir no acierta ni una.

El Gobierno es consciente del enorme desgaste de su popularidad y pareciera haberse propuesto el promover medidas facilistas, como se diría criollamente “para las tribunas”, a fin de granjearse la simpatía de una sociedad presa de temor ante el desborde de la inseguridad ciudadana, sobre todo en Lima y Callao, que aglutina una población mayor a los once millones de habitantes. Y esta columnista se refiere principalmente al anuncio del Ejecutivo de que estarían presentando al Congreso un proyecto de Ley para bajar el rango de edad de inimputabilidad a los 16 años para los menores que infrinjan la ley penal.

Claro, como no les ha servido de nada a falta de estrategia el Estado de Emergencia en la capital decretada por Castillo hace más de cinco meses, ahora buscan una salida efectista a la violencia y criminalidad y van por nuestros adolescentes, olvidando groseramente el que son poblaciones vulnerables, que no se puede aplicar el mismo tratamiento punitivo a menores de edad y a adultos, que siendo un problema social se debe más bien multiplicar experiencias exitosas como el Programa “Jóvenes Líderes” del Ministerio Público, enfocado en la “prevención del delito y seguridad ciudadana”, trabajando con adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años, que han cometido un hecho criminal o están en riesgo de cometerlo. Trabajan de forma focalizada brindando servicios gratuitos de asistencia psicológica, consejería, talleres formativos, capacitación técnico productiva, desarrollan con éstos actividades con enfoque restaurativo de cara a su comunidad, involucrando en este proceso a sus familias, todo con lo finalidad que se “adapten a las normas sociales”, información que he tomado de su portal web. Esto es lo que hay que hacer, señores del Gobierno, porque lo otro sería además desacatar Tratados Internacionales como la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que el Perú como Estado Parte ratificó en 1990 y lo incorporó a su legislación. ¿Acaso pretenden hacernos ver como parias en la comunidad internacional?

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