Niños sicarios

La inseguridad ciudadana en nuestro país está en su hora crítica.
Si bien el hecho de que menores de edad incursionaran en actos delincuenciales no es una novedad, lo cierto es que el incremento del sicariato y las extorsiones nos muestra una dura realidad: adolescentes empuñando un arma y matando por encargo sin miramiento alguno.
Sus rostros ya no reflejan la inocencia de su edad, sino la afrenta de quien desde pequeño conoció de necesidades y miserias.
Niños a los que el calor y cuidado familiar les fue negado o quizás ausente.
Es muy difícil convencer a sus víctimas de que los asesinos de sus familiares no pueden ser sancionados de la forma en que un adulto lo sería, que no serán trasladados a centros penitenciarios, sino a centros juveniles para trabajar en su readaptación social.
Que esa persona de mirada fría merece la oportunidad de ser tratada “según su edad”.
Y nos preguntamos, si un menor que se muestra despiadado y capaz de semejante acto de crueldad, no debe ser tratado como un adulto y, así, rendirle cuentas a la justicia por sus actos.
Sin embargo, y más allá de lo que nuestro sentir (movido por la impotencia y la impunidad) pueda llevarnos a querer para estos adolescentes, lo cierto es que la Convención de los Derechos del Niño, que hemos ratificado, no permite tratar a los menores de edad como adultos.
No podemos enviarlos a la cárcel, que hoy son centros de perfeccionamiento del delito y desde donde se monitorea el crimen organizado.
Bajo el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, las leyes a favor de sanciones penales a adolescentes no prosperarán porque resultan inconstitucionales.
Pero además, una ley así no desincentiva la participación de los adolescentes, pues las bandas organizadas utilizarán a menores de 15 o 14 años para el delito de sicariato.
De otro lado, esta problemática también la podemos ver en otros países.
El último atentado que sufriera el candidato presidencial, Miguel Uribe, en Bogotá, en manos de un adolescente de 15 años, nos recuerda el reclutamiento de menores de edad que hicieran los grupos armados ilegales en los años ochenta.
Mientras no se ataque el problema de raíz, este tipo de medidas resultarán ineficaces.
Los infractores juveniles no nacen de la noche a la mañana, son producto de entornos de violencia, del abandono, de los vicios y de la falta de oportunidades.
El Estado no puede renunciar a su misión de proteger a los niños, niñas y adolescentes, a su obligación de garantizar su desarrollo integral.
Pero esto debe dejar de ser solo un mero compromiso formal, es momento de pasar a la acción y priorizar la atención, reeducación y la reinserción social del menor de edad en conflicto con la ley penal.

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