Ni corruptos ni endiosados
Comparto plenamente la solidaridad despertada por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez luego del exabrupto del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, quien pretendió sacarlos de la investigación del caso Lava Jato: más allá de los cuestionamientos que puedan haber despertado, han enfrentado con decisión y sin ambages a los mafiosos que han depredado impunemente al Perú desde hace décadas, especialmente desde el inicio de la era de la corrupción en el primer gobierno de García Pérez.
Este reconocimiento tiene que hacerse extensivo al juez Richard Concepción Carhuancho, sin cuya valerosa gestión y fallos singulares el esfuerzo de los citados fiscales no hubiera podido prosperar: gracias a ellos, en materia de lucha contra la corrupción hoy se respira un clima diferente en nuestro país y es también debido a su ejemplo que otros jueces y fiscales han puesto el brazo de la justicia sobre mafiosos como Edwin Oviedo quien, a través de turbias maniobras judiciales, ha depredado a Tumán durante largos años con el apoyo de jueces, periodistas y políticos inmorales. Por fin cayó, después de llegar nada menos que a la Presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (también con nefastos antecedentes).
Lo cual no significa perder la objetividad ni endiosar a nadie. Una cosa es atacar con bajeza y tratar, de esa manera, de desacreditar a dichos funcionarios para defender a los sinvergüenzas, y otra muy distinta observar ciertos temas que merecen una exhaustiva revisión.
Tal es el caso del acuerdo con Odebrecht cuya firma se ha postergado y, en mi opinión, debe revisarse: la suma pactada de 610 o, en otra versiòn, 675 millones de soles es totalmente inaceptable habida cuenta que, en el Perú, Odebrecht ha declarado ganancias ilícitas por US$ 143 millones (unos S/ 478 millones al cambio actual) y en el Brasil, donde confesó utilidades ilícitas por US$ 1,400 millones, le han aplicado una reparación civil de US$ 2,800 millones. No hay ninguna proporción y no olvidemos que, ante la justicia norteamericana, Odebrecht afirmó haber repartido coimas por solo US$ 29 millones en el Perú cuando ya se le han detectado más de US$ 43 millones. Sus cifras no son creíbles, como lo atestigua su propia trayectoria de latrocinio y mentira.
Del mismo modo, no es verificable y corresponde meramente al terreno de la especulación la afirmación formulada por algunos periodistas sobre que Odebrecht se ha enderezado y puede seguir contratando con el Estado peruano sin riesgo de nuevas operaciones corruptas o “estructuradas”, en el lenguaje de dicha organización criminal.
Odebrecht no debe volver a contratar con el Estado del Perú por esa y muchas razones de orden ético.
Y, sin endiosar a nadie y con absoluta transparencia, debemos apoyar a quienes realmente están enfrentando a los corruptos.
