Nexos entre el Movadef-SL en Bolivia y el ELN colombiano

En mayo de 2003, el director Stanley Schrager, de la División Antinarcóticos (NAS) de la Embajada de EE.UU. en Bolivia, confirmó la presencia —desde el 2002— de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el país. Estas narcoguerrillas colombianas habrían impartido instrucción militarizada en el trópico de Cochabamba.

Evo Morales aún no era presidente, y desde su centro de operaciones en la zona del Chapare —el equivalente al VRAEM peruano— se oponía con fuerza a la erradicación de coca ilegal y a los planes de desarrollo agrícola alternativos. En 2008, dos años después de su triunfo electoral, Morales expulsaría a la incómoda Agencia Antidrogas DEA estadounidense. Fue el punto que aceleró la conversión de Bolivia en un narcoestado.

En los últimos años, se evidenció además la actuación de miembros de la ex-FARC en suelo boliviano —desmovilizados en 2016 en Colombia, pero cuyas mal llamadas “disidencias” todavía operan transnacional y criminalmente con elevado impacto político—. No solo defendieron a Evo Morales luego de haber sido retirado del Gobierno en 2019 (CNN), sino que también participaron en enfrentamientos armados en 2022 contra policías en relación al narcotráfico (EFE).

En 2003, se detuvo a un militante del ELN colombiano en Bolivia. Estaba en posesión de elementos para la fabricación de minas caseras y de cocaína, realizando tareas de inteligencia sobre el ejército y la policía para desarrollar actividades terroristas. El sujeto fue capturado junto a dos dirigentes cocaleros bolivianos, vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que empoderó a Evo y al actual presidente Luis Arce, además de portar panfletería de la guerrilla colombiana (2003. MRT).

El ELN es, por cierto, la narcoguerrilla más antigua en actividad en Colombia. Sus acciones incluyen desde violencia extrema contra civiles hasta masacres de militares colombianos (como en la región del Catatumbo). Es con este brutal y sanguinario grupo que el actual régimen del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, pretende establecer “negociaciones de paz” —y de impunidad— con el auspicio de Cuba y Venezuela. Tal como ocurrió con las ex-FARC en 2016 durante el gobierno centrista de Juan Manuel Santos. ¿Se repetirá ese despropósito?

Volviendo a Bolivia, es entendible que durante los 19 años que van de gobierno del MAS no haya mucha información sobre la actuación de grupos armados internos y externos de extrema izquierda. Las razones son evidentes: tanto el régimen de Evo como el de Arce —hoy en disputas coyunturales por el poder— han controlado los aparatos de inteligencia, y había que invisibilizar esas presencias. No obstante, informes reservados gubernamentales, poco antes de que Evo Morales asumiera la presidencia en 2006, ya daban cuenta de una mayor presencia de miembros del ELN que de las FARC en Bolivia.

Lo señalado entonces es una muestra más de que las redes de crimen y terrorismo transnacional no son nada nuevas. Tienen muchos años de gestación en esta parte del continente, y operan hoy vivos y coleando, en ambientes propicios para su expansión. Perú, por supuesto, es otra plaza crucial para estos avances. Y tampoco de manera reciente (como se ha registrado,  sobre todo, en la frontera nororiental en Loreto).

Cabe recordar que a fines de los ochentas e inicios de los noventas, grupos subversivos bolivianos como el “Movimiento Revolucionario Túpac Katari” y el “Comando Nacionalista Zárate Wilca” habrían tenido coordinaciones con Sendero Luminoso para acciones puntuales de terrorismo político. También el “Comando Néstor Paz Zamora” con el MRTA peruano (V. M. Quechua. 1994).

En la coyuntura, la División de Investigación del Terrorismo Internacional de la Dircote de Perú reveló hace dos años que “el cabecilla del Movadef senderista en Bolivia, Álex Chamán —preso en el penal Castro Castro en 1992 hasta 1995, en que se marchó al país altiplánico— posee vinculaciones con las FARC y el ELN” de Colombia (30/3/2023. Perú21). Habría que confirmar desde qué fecha exactamente se activan estos nexos, así como se constató el incansable afán del Movadef-SL por “captar adeptos en Bolivia y convocar avprotestas” (28/3/2023. Panorama), a ambos lados de la frontera peruano-boliviana.

El reciclado y movadefo Sendero Luminoso "político", entonces, no solo apostó a relanzarse progresivamente en Perú —vía años de infiltración en la conflictividad social incitada—, sino que también ha ido consolidando un importante nodo de apoyo desde Bolivia, adaptado a sus necesidades estratégicas y a sus “nuevas formas de lucha”, en un estimulado contexto antiperuano que incluiría el separatismo territorial (Puno) a largo plazo. El próximo proceso electoral del 2026 irá midiendo la temperatura de estos escenarios potenciales en las regiones del sur del Perú.

Las preguntas vuelven entonces a plantearse: ¿Qué otras fuerzas específicas y siniestras —como las anexadas al factor iraní: Hezbollah, el Basij del CGRI en Bolivia— y de naturaleza criminal, además de las motivadas políticamente, están también operando de forma relacionada y sin importar fronteras? ¿Qué rol de fondo está teniendo el régimen del MAS de Luis Arce —el continuador de Evo en estos asuntos en la presidencia, pese a las disputas de poder internas entre ellos— en las amenazas transnacionales que se estarían incubando en riesgo para el frágil sistema político democrático peruano y la seguridad regional?