Necesitamos más cárceles sin corrupción en el Perú

La idea de trasladar presos peruanos a cárceles de El Salvador ha sido promovida por algunos sectores como una medida eficaz contra la inseguridad. Sin embargo, esta propuesta es inconstitucional, ilegal, antieconómica, ineficaz y, sobre todo, una afrenta a nuestra soberanía.
En primer lugar, la Constitución peruana establece claramente que las penas se cumplen en el territorio nacional, salvo en casos de extradición con garantías recíprocas. No existe ningún tratado bilateral que permita el traslado masivo de internos para cumplir condena en el extranjero. Hacerlo violaría el derecho de defensa, la jurisdicción penal peruana y los derechos fundamentales de los internos. Sería, además, incompatible con el marco legal del sistema interamericano de derechos humanos al que el Perú está adscrito.
En segundo lugar, es antieconómico. Trasladar 5,000 internos implicaría un gasto superior a los 85 millones de dólares, considerando vuelos, seguridad, acuerdos diplomáticos y costos anuales de internamiento en el extranjero. Esa suma bastaría para construir un penal de alta seguridad en territorio peruano, generando empleo y control estatal, sin renunciar a nuestra capacidad de sanción.
Tercero, esta medida no ataca las causas reales de la inseguridad ciudadana. El crimen organizado y la delincuencia común no se resuelven enviando presos al extranjero. Lo que se requiere es una reforma penitenciaria integral, con régimen disciplinario severo para los cabecillas del crimen, tecnología de bloqueo de comunicaciones, aislamiento efectivo y rehabilitación para los reclusos reformables.
Además, permitir que otro país administre nuestras condenas es una cesión de soberanía penal inaceptable. ¿Quién controlará las condiciones? ¿Qué ocurrirá si los liberan anticipadamente o los tratan de forma incompatible con nuestras leyes? El Perú perdería toda capacidad de control.
Finalmente, esta propuesta es populismo punitivo en estado puro. Busca titulares, no soluciones. La seguridad no se terceriza: se construye con autoridad, firmeza y planificación.
Y si queremos cárceles que funcionen, necesitamos erradicar la corrupción del INPE, de la Policía Nacional y de todo el sistema de justicia. Sin jueces y fiscales honestos, sin directores penitenciarios firmes y sin agentes policiales íntegros, no habrá verdadera seguridad, por más cárceles que construyamos o contratos que firmemos con terceros países.
Reforcemos nuestro sistema, no lo exportemos. Y, sobre todo, defendamos nuestra soberanía y nuestra dignidad como nación.

Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz

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