¡Necesitamos candidatos impecables y elecciones limpias!

La demostración más gráfica del estado comatoso en que se encuentra el Perú es que, habiendo pasado por múltiples gobiernos envueltos en corrupción –empezando por Toledo y acabando con Castillo–, los peruanos hayamos estado constitucional y judicialmente autorizados a elegir gobernantes y/o legisladores condenados por la Justicia por haber delinquido; sea imputados por traición a la patria, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, asesinato, entre muchos otros crímenes de toda naturaleza y gravedad. Basta, pues, señalar la grave irresponsabilidad –y la sevicia– de aquellas autoridades que permitieron que sucediera semejante atentado contra la democracia y el Estado de Derecho, para entender la magnitud de la miseria humana de quienes han venido conduciendo el destino de nuestra patria en este cuarto de siglo que va corriendo.
Semejante conducta delincuencial necesariamente exige que la sociedad demande a quienes –en esta primera parte del siglo XXI– han autorizado semejante delito contra nuestra nación, y que la Justicia disponga una sanción drástica contra aquellos presidentes de la República, parlamentarios, jueces y/o fiscales que han delinquido políticamente en estos 24 años de barbaridad. Gente que ha permitido que seamos gobernados por verdaderos malhechores, por no haberse preocupado en vetar la participación de delincuentes, incluso de la más negra clasificación, bajo la etiqueta de candidato presidencial.
Como Pedro Castillo, tipejo vinculado al grupo terrorista/genocida Sendero Luminoso, quien, a la hora undécima, apareciera como postulante a la Jefatura del Estado por el partido Perú Libre, propiedad del conocido comunista Vladimir Cerrón –hoy un prófugo de la Justicia– y como su vicepresidenta, Dina Boluarte. Definitivamente, Perú Libre fue el partido ganador de esa contienda, gracias a las artimañas tramadas por un comunista que fungía de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, llamado Jorge Luis Salas Arenas. Este se mantuvo en la presidencia del ente electoral hasta agosto de este año, con el propósito de manipular las cartas para admitir la participación de cualquier cantidad de grupos políticos, muchos de estos simples clanes regionales, familiares y/o amicales bajo etiquetas inventadas para participar en una suerte de tómbola obviamente tramada para facilitarle el triunfo a otro rojo, esta vez a un asesino de policías.
Gracias a esta trampa tendida por Salas Arenas, los peruanos se han dado cuenta de que corren riesgo. Porque en los comicios de 2026 tendremos como postulantes presidenciales a sujetos peligrosos que, fuera de haber purgado condena por cuanto crimen usted imagine (incluyendo asesinato de policías y mantener vínculos evidentes con sectas terroristas), ya están convalidados para participar en la contienda por el mismo Salas Arenas.
El problema, amable lector, es que nuestros poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto al Ministerio Público, no han movido un dedo para evitar que el poder Electoral –como pasa en todas partes del mundo– sea un ente absolutamente profesional e impecable. Acá, sin embargo, desde que estuvo presidido por el citado Salas Arenas, se encuentra decididamente manchado de politización, de corrupción y de negros intereses.
¡Este Congreso debe aprobar –por unanimidad– que los condenados por corrupción no vuelvan a participar en elecciones democráticas!

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