Necesidad de una formación jurídica básica de los candidatos
Sin ánimo de ofender a muchos de nuestros actuales candidatos al Congreso que en diversas entrevistas han respondido de forma errónea sobre una variedad de temas relacionados con la función pública que aspiran conseguir, ha quedado en evidencia una penosa realidad que deberíamos superar porque ello tendrá un alto costo cuando ejerzan la función de representación.
Las consecuencias de no contar con un mínimo conocimiento jurídico para cargos como el que corresponde a la labor parlamentaria terminará siendo un problema para el candidato. No solo porque asumirá el riesgo de no ser elegido, sino también porque una vez asumida su labor puede cometer graves errores en agravio de algunos o todos los ciudadanos. Esto puede ocurrir aun cuando tenga a su disposición todo un equipo de asesores a los que finalmente ni siquiera pueda entender. A manera de anécdota, durante una defensa ejercida en la subcomisión de acusaciones constitucionales en la que como abogada invoqué el principio del ne bis in ídem, la legisladora ponente no sabía pronunciarlo ni menos tenía idea de que se trataba. Sin embargo, hay que sopesar que este desconocimiento también puede ir acompañado de la conveniencia política de no querer entender.
El desconocimiento al que nos referimos puede ocasionar graves perjuicios. Si bien el sistema democrático permite que cualquier persona pueda aspirar a un cargo público, su elección o no dependerá de la voluntad popular. Creemos que esto no debe cambiar. Pero quienes sí podemos cambiar somos los ciudadanos responsables de su elección, pues en estos tiempos difíciles en los que no podemos experimentar o dejar a la suerte el futuro de nuestro país, nuestra atención debe centrarse en qué condiciones reúne el candidato para cumplir la función pública a la que aspira. Máxime en estos tiempos donde la información es abierta y abundante. Tal como sucede cuando buscamos un gerente o un abogado para nuestra empresa: dentro de nuestras posibilidades, nos inclinamos por elegir al mejor calificado teniendo presente la labor que va a realizar.
Un parlamentario no solo tiene como función proyectar leyes y ser el portavoz de las necesidades de sus representados. También debe legislar, fiscalizar, investigar y tomar decisiones cuasi jurisdiccionales. Y para cumplir con todo esto, requiere tener conocimientos jurídicos básicos. Por ello, tal vez sea el momento para que cada partido o movimiento político procure esa preparación a sus militantes no en aras de la cantidad de votos que pudieran obtener, sino más bien en aras de cumplir con la gran responsabilidad que tendrán de representarnos mediante un aspirante que tenga, por lo menos, un mínimo de conocimiento jurídico de lo que más adelante será su día a día.
Finalmente, se confunde la labor política con la dictadura de la mayoría, de la conveniencia o de la oportunidad. No es así, el Poder Legislativo es la principal fuente de leyes y de ahí la responsabilidad a nivel jurídico de los representantes de la nación. La formación jurídica básica de nuestros futuros parlamentarios permitirá que no cometan excesos u omisiones durante su labor o justifiquen ideas o posiciones que abiertamente sean contra legem e, incluso, inconstitucionales. O hagan ofrecimientos o propuestas que no están dentro de su alcance porque constituyen competencia de otros poderes u órganos estatales.
