Necesidad de fortalecer el combate a la delincuencia

A pesar de las acciones ciudadanas para reclamar públicamente (hasta con paros) la seguridad y de respaldar el trabajo permanente de la Policía Nacional para combatir la delincuencia, esta sigue incrementándose. Además de hurtos, robos y estafas, no cesan las extorsiones y asesinatos. ¿Por qué? ¡Es necesario señalar las deficiencias gubernamentales!
El 09/10/2024 se promulgó la Ley N° 32130, que “fortaleció” como función de la PNP la investigación de los delitos. Esta norma no desconoció que el Ministerio Público tiene “la conducción jurídica de la investigación, lo cual implica la orientación legal de las acciones que realiza la Policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba”. Sin embargo, ha trascendido públicamente que los fiscales insisten en ser ellos quienes investiguen los delitos.
Al examinar los programas de estudios en las Facultades de Derecho, se observa que no existen cursos para capacitar en investigaciones de la delincuencia. Se enseña la teoría y el análisis del Derecho Penal y Procesal Penal, entre otras materias. En la formación profesional policial, en cambio, hay materias sobre investigación de la delincuencia; incluso, los efectivos son preparados para efectuar servicios de inteligencia.
Es evidente que, cuando la Policía pone a disposición de un fiscal competente a un detenido que ha cometido un delito, en no pocas ocasiones el delincuente es puesto en libertad y vuelve a las calles a seguir delinquiendo. Otras veces es el juez en lo penal quien resuelve darle libertad. Otro hecho es que las investigaciones de los fiscales “son lentas”. Ejemplo: los casos de corrupción y otros delitos vinculados a “políticos”. Igualmente, los procesos judiciales penales duran a veces años, corriéndose el riesgo de que sobrevenga la prescripción, lo que favorece al delincuente.
Se está considerando no solo “apartar” de sus cargos a Fiscales Supremos, sino también que es necesario “reformar” tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Esto evidencia que ya se está tomando conciencia de que los órganos gubernamentales encargados de administrar justicia, de dirigir la investigación, de formular la acusación y de prevenir el delito no son eficientes. Es urgente reformar ambas entidades para que sean efectivas, además de promulgar nuevos códigos sustantivos y adjetivos en todas las materias. Los actuales códigos sirven para “justificar” las dilaciones en la actuación de fiscales y jueces.
Otra necesidad es construir nuevos centros de reclusión, pero ubicados en zonas de altura en los Andes. Debe establecerse que el Estado no “sostenga” gratuitamente a los detenidos y/o sentenciados; estos deben trabajar para sufragar su subsistencia.

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