Nada justifica la violencia
Vivimos un proceso de peligroso de deterioro de la democracia en el Perú, a partir del intento frustrado de golpe de Estado de Pedro Castillo, que pretendió cerrar el Congreso, el Órgano Judicial, la Fiscalía, inconducta que le costó su destitución por el Congreso, con votación mayoritaria que incluyó a bancadas de tendencia izquierdista a consecuencia de la injustificada decisión presidencial.
La reacción de sectores sociales de regiones rurales del país se ha tornado intensa y con preocupantes signos de intolerancia, que ha desencadenado una espiral de violencia que va incrementando el número de muertos y heridos en un escenario de vulneración de derechos fundamentales de las personas, hechos que no deben quedar en la impunidad, siendo necesario promover la investigación penal pertinente para identificar responsables.
Empero, en medio de este escenario no faltan aquellos grupos y tendencias políticas que pretenden sacar ventaja del conflicto, llevando agua a su molino, para someter al país en su conjunto a un clima de caos, desgobierno, violencia sistemática, parece irónico decirlo, pero se advierte que necesitan más muertos para victimizarse y exigir cambios estructurales acorde a su estrategia política. A estos grupos no les interesa preservar la paz social, la democracia, menos el Estado de derecho.
Por el otro lado, la sociedad política ha dado claras muestras de no estar a la altura de los desafíos históricos que le atinge al país, concentrado en intereses partidarios propios, subordinando las legítimas aspiraciones de desarrollo democrático del Perú a sus miserias humanas.
En ese contexto, la mayoría de los peruanos que no son de izquierda ni de derecha, que no avala las inconductas de la clase política en general, más bien la cuestiona, que se siente víctima directa de los que están practicando la violencia de uno u otro lado y que, de paso, no puede desenvolverse libremente porque las principales carreteras están bloqueadas, ese conjunto masivo de ciudadanos que observa con preocupación e impotencia lo que viene aconteciendo, exige se le permita vivir en paz, circular por todo el territorio nacional sin riesgos, incluso entrar o salir del país, cumplir con su trabajo, estudiar y desarrollar con normalidad sus actividades cotidianas. A esa mayoría de peruanos se le debe dar respuesta, generando las iniciativas necesarias para viabilizar soluciones pacíficas al conflicto, evitando mayor derramamiento de sangre. No hay otra alternativa que no sea el diálogo entre partes.
No se puede negar que, en un país donde las asimetrías y la exclusión social constituyen asignaturas pendientes, es natural que muchos compatriotas consideren que llegó el momento de ser escuchados por el Estado y no es casual que gran parte de la protesta y el descontento emerja precisamente de zonas tan deprimidas donde la pobreza extrema nos interpela a todos. Ese diálogo debe servir precisamente para establecer compromisos y promover proyectos que tiendan a reducir ostensiblemente estas brechas económico sociales. Sin embargo, mucho cuidado con aquellos grupos políticos que agazapados estuvieron esperando el momento oportuno para reeditar la virulencia de los años 80 y 90, sus portavoces ya lo dijeron, “no es suficiente la renuncia de Dina Boluarte”, quieren ir más allá porque no creen en la democracia ni en el Estado peruano. Estos grupos radicales no representan las aspiraciones e intereses de los 33 millones de peruanos, enarbolan otra bandera y están coaligados con fuerzas externas que tienen un objetivo diferente al Perú Democrático. Por ello no nos prestemos al juego de la violencia y busquemos soluciones pacíficas y el encuentro de todos los peruanos.
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