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Nada está dicho

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Fecha Publicación: 05/06/2022 - 22:56
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Es muy probable que el escenario político del país cambie pronto. La denuncia constitucional contra el presidente Castillo por infracción a la Constitución y por traición a la patria se viene debatiendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, de cumplirse el procedimiento y teniendo en cuenta los plazos que establece el reglamento del Congreso, el informe podría votarse antes que termine el mes de junio en la Comisión Permanente para luego de aprobarse elevarse al pleno del Congreso.

Debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, la legislatura debería terminar el 15 de junio, sin embargo, este límite podría ampliarse como viene ocurriendo hace varios años ya que cada vez los recesos parlamentarios son más cortos y casi inexistentes.

De ser así, es probable que el pleno inicie el juicio político contra el presidente Castillo este mes o los primeros días de julio y, de ser aprobado el informe de la Comisión Permanente, el Presidente sería primero acusado por traición a la patria ante la Fiscalía de la Nación, ya que de acuerdo con la Denuncia Constitucional, la entrega del mar a Bolivia, previo referéndum, sería parte de una estrategia para cederlo a los intereses extranjeros y, por otro lado también, podría aprobarse su inhabilitación pare ejercer cualquier cargo público hasta por diez años.

Por otro lado, existe una Denuncia Constitucional contra la vicepresidenta de la república Dina Boluarte, por infracción al artículo 126 de la Constitución que prohíbe a los ministros ejercer cualquier cargo público excepto la de congresista y ella como se sabe ha venido ocupando un cargo directivo en el Club Apurímac y realizando gestiones antes diversos organismos.

Esta denuncia también podría correr el mismo desenlace que la del presidente Castillo y terminar con una acusación constitucional ante la Fiscalía de la Nación y además ser inhabilitada para ejercer cualquier cargo público hasta por diez años.

Claro está que estos supuestos dependen de los votos en el Congreso. El ala dura contra el gobierno está constituida por 43 congresistas y se precisan para la aprobación de las acusaciones 66 votos y para las inhabilitaciones por lo menos 67 votos. No olvidemos que para la última moción de vacancia presidencial se obtuvieron 55 votos a favor y 19 abstenciones o votos neutros que podrían ser favorables, lo que haría un total de 74 votos. Sin embargo, nada está dicho.

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