Nada cuesta soñar

¡Nuestra Judicatura y Ministerio Público agonizan en cuidados intensivos! Entre tanto, Juan Pueblo padece las consecuencias de una justicia politizada, criminalizada, extranjerizada por una escuadra de ONG internacionales que, vía un sujeto apellidado Gorriti –amigo del propietario de la ONG Open Society, George Soros– secuestró, a inicios de siglo, el poder político aprovechándose del corrupto Toledo. Influenció en él para manejar a nuestros jueces y fiscales, para imponer al país una Justicia dictada desde centros neurálgicos del grupete de oenegés extranjeras, predicadoras de la ideología de género, el movimiento LGTB, abogar por los derechos humanos de los terroristas, etc.; principios jamás legislados por nuestro Congreso. Desde ahí, tanto la Judicatura como la Fiscalía peruana actúan dominadas por la cultura caviar, aplicando un enfoque procesal ajeno a las tradicionales normativas peruanas. Ahora, el Legislativo tiene la ocasión de salvar al poder Judicial y al Ministerio Público, promulgando un histórico proyecto de ley concebido por una de las mentes más ilustres del país: Gladys Echaíz, actual congresista y extraordinaria ex Fiscal de la Nación. Ella ha elaborado un proyecto de ley para acabar con la anomia existente en el Ministerio Público, gracias a su integridad personal, solidez mental y estirpe profesional. Su iniciativa apunta a crear la Escuela Nacional de la Magistratura ENM y el Consejo de Coordinación Interinstitucional como parte del Sistema de Justicia, fijando pautas para las características de quienes postulen a cargos, tanto a la Judicatura como a la Fiscalía. El ingreso a la ENM sería mediante concurso público, y la formación en esa escuela tendría el más alto nivel académico, como multidisciplinario. Los aspirantes a jueces y fiscales se formarán con dedicación exclusiva. La Escuela Nacional de la Magistratura estaría gobernada por un Consejo Directivo, integrado por un juez supremo titular y un Fiscal supremo titular, electos por la Sala Plena de la Corte Suprema y por la Junta de Fiscales Supremos; adicionalmente, por un ex rector de las universidades nacionales licenciadas, con más de cincuenta años de antigüedad.
El Ministerio Público será autónomo. Lo presidirá el Fiscal de la Nación electo por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo durará tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tendrán idénticos derechos y prerrogativas, y estarán sujetos a idénticas obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones –en cada rango– que los miembros del Poder Judicial. Por excepción, hasta que se cuente con miembros titulares suficientes la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público elegirán jueces y fiscales supremos no titulares, exonerados de todos aquellos requisitos.
Faltaría que el proyecto fije los rasgos de calidad personal y antecedentes profesionales de quienes conformen el claustro de la Academia la Escuela Nacional de la Magistratura, e integren el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia; la Autoridad Nacional de Control de la Judicatura y la Autoridad Nacional de Control de la Función Fiscal del Ministerio Público.
Si este Congreso promulgase una ley de semejante calibre, pasaría a los anales históricos como salvador de la patria.

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