Moneda digital y criptomoneda

Las criptomonedas, representadas, principalmente por el Bitcoin, son un tipo de moneda digital emitidas por entidades privadas en internet, que utilizan un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales (copias), y promueven la inversión en activos, principalmente digitales. Sus transacciones no están reguladas ni controladas por ninguna institución.

La criptomoneda es un activo digital, pero no es un medio de pago respaldado por los Bancos Centrales, y por tanto no tiene acceso a mecanismos de protección del cliente como un Fondo de Garantía de Depósitos u otros.

Actualmente la demanda global de criptomonedas ha sufrido fuertes presiones restrictivas, que se reflejan en la reducción de su valor; en enero de 2022 el valor de un bitcoin es de menos de 33 mil dólares (El Economista), habiendo caído en 50% respecto de su valor de noviembre de 2021. Su valor global se ha reducido alrededor de 1.6 billones de dólares, de los casi 3 billones de dólares de inicios de noviembre de 2021 (según la gestora de monedas digitales CoinShares), producto de mayores capitalizaciones de sus usuarios frente a las prohibiciones del ingreso de criptomonedas al mercado de la economía más grande el mundo, la china, en setiembre de 2021, y al mercado ruso en enero de 2022.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional instó a El Salvador a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, pues la posible emisión de “bonos bitcoin” por 1,000 millones de dólares, en el primer trimestre de 2022, afectaría la integridad financiera y del mercado y la protección del consumidor, y le puede ocasionar pasivos fiscales a la economía salvadoreña.

Frente al riesgo de fragmentación del sistema de pagos, por la penetración de las criptomonedas, el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés, el cual agrupa a 140 bancos centrales), ha señalado que las Monedas Digitales Legales, emitidas y respaldadas por los bancos centrales, tendrán un papel protagónico para que la innovación y los avances tecnológicos puedan traducirse en mejores formas de dinero digital; deben ser resistentes, disponibles a bajo o ningún costo, con normas adecuadas y un marco jurídico claro; y que se establezca un rol adecuado para el sector privado. Su Centro de Innovación se enfocará en este 2022 en nuevos proyectos de monedas digitales de los bancos centrales, en pagos y en las finanzas descentralizadas.

China, por su parte, ya está probando un yuan digital. El Banco Popular de China afirma que impulsará el alcance del yuan en un mundo actualmente dominado por el dólar. Inicialmente el yuan digital tendrá un uso doméstico y minorista; el uso internacional es más complicado por el lavado de dinero.

Recientemente, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha divulgado la investigación “El dólar estadounidense en la era de la transformación digital”, sobre los beneficios y riesgos que puede tener un Dólar Digital, y cómo podría cambiar la estructura del sistema financiero de Estados Unidos; sugiere que un dólar digital tendría que complementar y no reemplazar las formas actuales de dinero y los métodos de pago para proporcionar servicios financieros.

Asimismo, el Banco Central de México anunció que pondrá en circulación su propia moneda digital en el 2024, desarrollándola en tres etapas, para avanzar en la inclusión financiera del país, considerando los pagos con rapidez, seguridad y eficiencia.

En el caso del Perú, el presidente del BCRP anunció en el CADE 2021 que se viene trabajando la emisión de Dinero Digital para responder a los cambios que se darán en el sistema de pagos en el futuro, el cual permita una política monetaria que proporcione a los hogares y las empresas una forma electrónica, segura y conveniente de liquidez; donde el Banco central, como núcleo del sistema financiero, asegure dinero sólido, mientras que el sector privado innova y utiliza su creatividad e ingenio para servir mejor a los clientes; delegándose la mayoría de las tareas operativas a los bancos comerciales y no bancarios, proveedores de servicios de pago.

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