Ministro Graham: Urge contratar mejor para hacer más obras
El gobierno de Castillo dejó caer las inversiones de obras públicas en 970 millones de soles durante el primer semestre del año. Este resultado es atroz porque un Estado que no puede contratar no sirve. En los pueblos, los más pobres son muy perjudicados porque cada obra pública que no se realiza significa postergar el sueño de progresar con una escuela, carretera, gasoducto, puerto u hospital, entre muchos otros.
A sabiendas de este problema, Castillo en la Reunión Ejecutiva del Consejo de Ministros con los alcaldes provinciales y distritales de Lambayeque, realizada en febrero, dijo: “No podemos seguir así -con obras paralizadas-. Si hay un problema legal, que siga el problema legal, pero la obra no debe parar, deber construirse para el servicio del pueblo, pues hay una gran preocupación y necesidad”.
Según la Contraloría General de la República, hay 23 mil millones y medio de soles de obras públicas paralizadas. Más de 2,500 están detenidas, de las cuales la mitad son de administración directa. Muchos de los problemas que las detienen están asociados a la legislación de contratos de obras públicas, como son ampliaciones sin sustento, arbitrajes y juicios, normas complejas de cumplir, así como privilegiar los procedimientos y formalidades. Por estas razones, construir una carretera como obra pública demora al menos 7 años según estudios de especialistas.
Las adquisiciones públicas están regidas por la Ley de Contrataciones del Estado, tanto para bienes como para servicios sin excepción. Un libraco que establece trámites muy engorrosos para una actividad clave, que es contratar. Hacerlo de manera correcta permitirá el crecimiento económico y el desarrollo de las infraestructuras tan necesarias. Sin embargo, cargamos con mucha precariedad en nuestra legislación de contratación pública.
Todas las marañas y trampas que contiene la Ley de Contrataciones hace que ganen los ladrones en complot con funcionarios corruptos del Estado, quienes terminan robando cuando se otorga una obra, reciben el adelanto y luego se fugan. Parafraseando a la especialista en leyes de Yale, Susan Rose-Ackerman, el interés de los funcionarios corruptos en maximizar sus propias ganancias los lleva a realizar inversiones ineficientes, definiendo las necesidades de compra con poca o ninguna racionalidad económica. Según Transparencia Internacional, los costos de la corrupción en las compras públicas alcanzan entre 20 y 25% del valor del contrato, llegando en ocasiones al 40-50%.
Por otro lado, resulta inadecuado el tratamiento de las contrataciones al emplear el mismo instrumento legal tanto para las obras públicas, como para la compra de lapiceros, loncheras o suministros. La obra pública se trata de la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, habilitación, demolición de bienes inmuebles como edificios, terrenos, carreteras, puentes y más... que debe contemplar los riesgos de contratación propios de la obra. Una acción indebida en las contrataciones puede traer riesgos para todo el Estado. Los más recientes son los procesos de contratación de Petroperú que tienen serios cuestionamientos.
Cuando tenemos señales claras de tanto mal funcionamiento, requerimos de cambios y si son reformas mucho mejor. El ministro Graham debe revisar con cautela la legislación. La complejidad de las contrataciones de obras públicas debe terminar para encontrar arreglo a este sistema que no sirve.
Muchos peruanos de la Generación X tienen la percepción de que estamos viviendo un etapa parecida al primer Gobierno de Alan García, con problemas como la hiperinflación, terrorismo, corrupción, etc… Todos ellos testigos de las reformas que nos condujeron al crecimiento económico posterior. Ministro Graham, ánimo porque su apuesta debe ser a futuro, como decía Miguel Cervantes, “Aunque la nuestra no se enmiende, siempre da gusto ver enmendar la ajena vida.”
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