Minería informal/ilegal/etc. o alienación ciudadana (II)

La semana pasada describí la difícil situación en la que se encuentra hoy nuestro país, principalmente debido al incumplimiento de los deberes que la misma Constitución Política (artículo 44°) le asigna al Estado y que hacen parte de aquello que la doctrina constitucional considera como su fin esencial: el Bien Común.
La existencia del Estado y su propósito de lograr el Bien Común suponen, en primer lugar, una administración pública eficiente, conformada con personas íntegras y suficientemente preparadas y capaces de cumplir las tareas que asumen en los distintos niveles funcionales y jerárquicos de ella.
Esa solvencia es indispensable para requerir y obtener de los administrados la adhesión necesaria para lograr el bien de todos y el bien de cada uno, en ese orden.
Es lo que ocurrió, más allá de puntuales defectos, con la gestión gubernamental de la década de los noventa y que permitió la pacificación, el progreso social y la reforma estructural objetivamente demostrables.
En las décadas transcurridas en el presente siglo, la administración pública —que incluye los tres poderes estatales y los entes que derivan de ellos, así como otros organismos constitucionalmente autónomos— ha perdido calidad y compromiso con el país al admitir sea conformada por personajes deficientemente capacitados y, peor aún, con escaso o nulo entendimiento de la dimensión del cargo y/o función asumidos y de los deberes y derechos que traen consigo.
El efecto en la actitud de los administrados es igualmente devastador.
Hay personas y grupos de ellas que parecen no darse cuenta siquiera de que sus actos no pueden, no deben, afectar a los demás.
El martes 11 de marzo último, describí cómo un grupo escaso de personas, bajo el lema “Agro sí, mina no”, impedía por más de una semana la circulación de personas y bienes en la carretera costanera que une Arequipa con Tacna, ante la indiferencia de las autoridades policiales y fiscales, pese a tratarse de la comisión flagrante de graves delitos.
Lo peor es que, al no ser siquiera identificadas las personas que delinquen, se permite que una escasa minoría, a no dudar ajena a la localidad y al agro que dicen defender, pueda hasta seguir medrando de los programas sociales y del pago indebido que grupos de interés, incluso extranjeros, les hacen para perjudicar económica y socialmente a la misma región y al país.
Es urgente que los ciudadanos recuperen el sentido de pertenencia al país y sepan escoger bien a los que eligen, y exigir que los designados por mecanismos distintos a la elección sean los mejores.

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